El lanzamiento de la propuesta anticorrupción del candidato Sergio Fajardo estuvo acompañado por la presentación del equipo responsable de su estructuración técnica, integrado por profesionales con trayectoria en transparencia, fortalecimiento institucional y políticas públicas. La campaña destacó que este grupo ha trabajado en la consolidación del documento que será eje central del plan de gobierno en esta materia.
El equipo está coordinado por Rosa Inés Ospina Robledo, trabajadora social del Externado y figura reconocida por su papel en la fundación y dirección de Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparency International. Ha sido vicepresidenta global de esta organización y miembro de su Comité de Acreditaciones, además de consultora del Banco Mundial y la OEA en temas de integridad pública. Su experiencia se ha centrado en el acompañamiento técnico en contrataciones públicas, el control ciudadano y la promoción de transparencia en la región.
El grupo también está conformado por Ana Paulina Sabbagh Acevedo, politóloga y magíster en Estudios del Desarrollo. Con más de 17 años de experiencia, ha trabajado desde el Estado, la sociedad civil y el sector privado en la formulación de políticas y estrategias de prevención de corrupción, acceso a la información y gestión de riesgos. Fue reconocida en 2017 por La Silla Vacía por su labor en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y ha acompañado a diversas entidades nacionales e internacionales en la creación de programas y herramientas de integridad.
Rubén Hernando Fernández Andrade, magíster en Educación y Desarrollo Humano, también integra el equipo. Ha sido miembro y fundador de distintas organizaciones sociales como el Centro de Fe y Culturas de Medellín y la Corporación Región. Su trayectoria incluye participación en juntas directivas de entidades públicas y privadas, así como docencia universitaria. Durante el Gobierno de Antioquia entre 2012 y 2015 ejerció como gerente del Programa Antioquia Legal, enfocado en promover una cultura de legalidad y elevar los estándares de transparencia del servicio público en el departamento.
Otra de las integrantes es Sandra Marcela Celis Navarrete, comunicadora social y periodista con especialización en Gobierno y Asuntos Públicos. Su experiencia de más de dos décadas abarca la cooperación internacional, la banca multilateral y el sector público. Ha trabajado en proyectos de participación ciudadana, gobierno abierto, transparencia y lucha contra la corrupción en entidades como la Presidencia de la República, la Alcaldía de Bogotá, el Departamento Nacional de Planeación y organismos de Naciones Unidas.
El equipo se completa con Camilo Enciso Vanegas, abogado e internacionalista con maestrías en leyes y administración pública de Columbia University y Harvard University. Fue Secretario de Transparencia y fundador del Instituto Anticorrupción, además de consultor de organismos multilaterales como el BID, la CAF y el Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, participa Camilo Enríquez Zutta, profesional en Finanzas y Administración de Empresas, con estudios de maestría en el London School of Economics y Georgetown University. Su trayectoria incluye trabajo en iniciativas de transparencia en el Senado de la República, Findeter, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad de Víctimas.
Según le informaron a IFMNOTICIAS, la campaña de Sergio Fajardo busca sustentar técnicamente su propuesta anticorrupción, destacando perfiles con experiencia en diseño de políticas, control ciudadano, investigación, cooperación internacional y fortalecimiento institucional.
Los cuatro ejes de su propuesta
El primer eje, denominado Sancionar a los corruptos, plantea romper el ciclo de impunidad mediante la creación de fuerzas de tarea fiscal y financiera. Estas operarían de forma articulada entre los organismos de justicia y la investigación criminal, con el objetivo de asegurar que quienes cometan actos de corrupción reciban sanciones efectivas y proporcionales.
El segundo eje, Vigilar el uso de los recursos públicos, propone la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción adscrita directamente a la Presidencia de la República. A esta entidad se sumaría un Comité Presidencial de Auditoría de Riesgos de Corrupción, encargado de supervisar y revisar de manera inmediata los procesos de contratación y los riesgos identificados en entidades catalogadas en estado crítico por situaciones relacionadas con corrupción.
En el tercer eje, Recuperar lo robado y reparar a las víctimas, la propuesta plantea la eliminación de beneficios y reducciones de pena para los responsables de corrupción que no restituyan la totalidad de los recursos apropiados indebidamente. Además, contempla la presentación con carácter de urgencia de un Proyecto de Ley de Protección Integral al Denunciante, con el propósito de eliminar los factores de temor y silencio que suelen afectar a quienes reportan irregularidades.
El cuarto eje, Prevenir futuros hechos y promover una cultura de integridad, incluye la adopción de criterios estrictos para la selección del equipo de gobierno. También contempla el desarrollo de un Sistema Nacional de Alertas Tempranas, dirigido a identificar riesgos en tiempo real mediante el uso de tecnologías emergentes, la participación ciudadana y la consolidación de prácticas que garanticen la coherencia y la integridad en la administración pública.
