Colombia atraviesa una preocupante escalada de violencia contra sus fuerzas de seguridad. En las últimas horas, tres policías más y un soldado han perdido la vida como consecuencia de ataques armados que se enmarcan en la ofensiva criminal conocida como el “Plan Pistola”. Con estos casos, ya son 29 los uniformados asesinados en las últimas semanas, una cifra que confirma la grave amenaza que enfrentan tanto la Policía Nacional como el Ejército en varias regiones del país.
Los hechos más recientes se registraron en el departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Salgar, donde un policía murió y otro resultó herido en una emboscada. En Cartagena, otro uniformado herido en días anteriores falleció tras no resistir a las lesiones sufridas en un ataque armado. Las acciones, atribuidas principalmente al grupo armado ilegal Clan del Golfo o EGC y a disidencias de las FARC, reflejan una ofensiva estructurada que incluye modalidades como sicariato, francotiradores, uso de explosivos, drones armados y artefactos trampa.
Policía toma medidas de urgencia ante ola de asesinatos
Ante el creciente número de víctimas entre sus filas, el director general de la Policía Nacional, general Carlos Triana, adoptó una decisión urgente: los uniformados podrán portar sus armas de dotación en todo momento, incluso durante sus días de descanso y en sus desplazamientos personales, tanto uniformados como de civil. La decisión se tomó en respuesta a la creciente modalidad de ataques contra policías fuera de servicio o cuando regresan a sus hogares. “Es una medida preventiva y de protección de la vida de nuestros policías. No se puede permitir que los asesinen indefensos y sin capacidad de reacción”, señaló el general Triana.
Las acciones violentas no solo están dirigidas contra patrullas y estaciones de policía, sino también contra uniformados en condición de descanso o fuera de servicio. Además, la población civil se ve cada vez más expuesta a los efectos colaterales de estos ataques, sobre todo en las regiones donde los grupos armados ilegales tienen presencia activa.
Gobernación de Antioquia rinde homenaje a la Fuerza Pública y denuncia inacción del Gobierno Nacional
Desde Antioquia, uno de los departamentos más golpeados por esta ofensiva, el gobernador Andrés Julián Rendón encabezó este miércoles un sentido homenaje a los miembros de la Fuerza Pública asesinados en los últimos días. En la sede administrativa de La Alpujarra, en Medellín, se llevó a cabo un acto solemne que buscó visibilizar el sacrificio de los uniformados y expresar respaldo institucional.
Durante su intervención, el gobernador fue enfático en responsabilizar al Gobierno Nacional por no actuar con contundencia frente a las alertas reiteradas de seguridad. Rendón recordó que su administración y la Secretaría de Seguridad departamental emitieron más de 20 alertas tempranas al Ministerio de Defensa sin recibir respuesta.
“Esto no es nuevo. Lo advertimos con anticipación. En Buriticá hubo una toma ilegal, con bloqueo de vías y control territorial por parte de grupos armados, y el Gobierno Nacional no actuó. Hoy lamentamos las consecuencias”, dijo el mandatario departamental.
En su intervención, también rindió homenaje a los policías caídos en distintos municipios del departamento como Remedios, Anorí, Urabá, Betulia y Salgar, donde se han registrado atentados contra patrullas, estaciones policiales y efectivos en sus lugares de descanso.
El Gobernador además resaltó la valentía de aquellos policías que han respondido con contundencia a los ataques, neutralizando el accionar de los violentos y protegiendo a los demás compañeros y a la población civil en el cumplimiento de su deber. A su vez, el mandatario anunció un aumento de la recompensa, hasta 500 millones de pesos, por información que permita la captura de los responsables de los ataques contra la Fuerza Pública.
Disidencias de las FARC continúan en ofensiva armada
Uno de los puntos más sensibles en esta crisis es la situación jurídica de las disidencias de las FARC. Aunque están incluidos en procesos de diálogo exploratorio, y el Gobierno Petro los protege con decretos que impide a la Fuerza Pública actuar en contra de los terroristas; sus acciones armadas no han cesado. La reciente masacre de siete soldados en Guaviare, ocurrida el fin de semana anterior, es una muestra de que, pese a su estatus en la mesa de conversaciones, estos grupos siguen operando con violencia contra la Fuerza Pública.
Organizaciones de derechos humanos y líderes políticos han criticado que los decretos del Gobierno, enfocados en facilitar acercamientos con estructuras armadas, estén restringiendo la capacidad operativa de las fuerzas del orden, que en muchos casos no pueden actuar sin una orden específica, a pesar de los ataques continuos.
La senadora María Fernanda Cabal ha puesto el dedo en la llaga, señalando que el presidente Petro llegó al Gobierno para vengarse de las Fuerzas Militares en una crítica que enfatiza que mientras el gobierno protege a los terroristas, los policías y militares solo tienen la alternativa de dejarse matar y pide que el país proteja a su fuerza pública.
Escalada violenta con múltiples métodos de ataque
El denominado “Plan Pistola” ha demostrado ser más que un esquema de asesinatos selectivos con armas de fuego. Las organizaciones criminales involucradas han empleado explosivos, granadas, francotiradores, drones con carga explosiva y tácticas sicariales para golpear a la institucionalidad y generar un ambiente de terror.
La situación pone sobre la mesa la necesidad de revisar con urgencia las estrategias de seguridad nacional. La capacidad de respuesta, el fortalecimiento de la inteligencia militar y policial, y la coordinación con las autoridades locales aparecen como pilares fundamentales para contener la violencia.
El país sigue sumido en la incertidumbre mientras aumentan los funerales de miembros de la Fuerza Pública y las comunidades, especialmente en zonas rurales, enfrentan la amenaza directa de estructuras ilegales que desafían al Estado con acciones cada vez más audaces y mortales.
