La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El caso llegó a la Corte luego de una compulsa de copias enviada por la Fiscalía, que señaló que Peralta habría mostrado interés indebido en un contrato de maquinaria amarilla para Riohacha, en La Guajira. Según la información revelada, la senadora habría sostenido reuniones con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López.
«En la ciudad de Bogotá, entre septiembre y octubre de 2023, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los servidores públicos Olmedo de Jesús López Martínez, director general de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres; otros funcionarios de la unidad, la senadora de la República Martha Isabel Peralta Epieyu y los contratistas Francisco Vizcarra Lozano, representante legal, y Jorge Vizcarra, subgerente de Inversiones IRL SAS, se interesaron de forma indebida en provecho propio y de terceros de la siguiente orden de proveeduría tramitada en la subdirección de manejo de desastres», afirmó la fiscal Andrea Muñoz.
La magistrada Cristina Lombana estará a cargo de las pesquisas contra Peralta. Lombana también investiga la presunta participación del senador Julio Elías Chagüi Florez en un caso de corrupción relacionado con la misma entidad, por lo que la Corte acumuló la denuncia contra Chagüi.
Por estos hechos, el alto tribunal llamó a declarar en calidad de testigo al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien había solicitado ser escuchado en el caso contra los dos congresistas. La Corte determinará si existen pruebas suficientes para abrir una investigación formal contra Peralta.
En paralelo, la Fiscalía menciona a otros seis funcionarios que, según Olmedo López, habrían facilitado la aprobación de reformas gubernamentales en el Congreso a cambio de gestiones en operaciones de crédito público tramitadas por el Ministerio de Hacienda, en ese entonces bajo la dirección de Ricardo Bonilla.
