La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, enfrenta una queja disciplinaria ante la Procuraduría tras su participación en la organización de un evento en Medellín en el que estuvieron presentes cabecillas de bandas criminales acompañando al presidente Gustavo Petro. El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, formalizó la queja luego de que se conociera que la congresista solicitó la salida de prisión de estos líderes para que asistieran al acto público realizado el pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra.
El documento que respalda esta gestión fue una resolución firmada por el director encargado de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, en la que se autoriza el traslado de los privados de libertad, en atención a la solicitud remitida por la senadora Zuleta. De acuerdo con la congresista, estas solicitudes se habían realizado en ocasiones anteriores por delegados del Gobierno Nacional en el marco de la estrategia de “construcción de paz urbana” en Medellín y el Valle de Aburrá.
Zuleta explicó que, en estas actividades, algunos detenidos habían salido de los centros penitenciarios para establecer diálogos con sus estructuras y la comunidad, como parte de procesos de acercamiento en el contexto de paz urbana. Sin embargo, la presencia de estos cabecillas en un evento público con el presidente Petro generó polémica en la ciudad, debido a los antecedentes criminales de los participantes y a la exposición mediática que acompañó el acto.
El concejal De Bedout señaló en su queja que la senadora estaría incurriendo en un “evidente conflicto de intereses” al actuar simultáneamente como legisladora y como gestora de políticas del Gobierno en materia de paz urbana. Resaltó, además, que la Procuraduría debe investigar si existieron faltas disciplinarias en esta actuación, atendiendo a la gravedad de los hechos y a la relevancia institucional del evento.
En el documento, el concejal subraya que aunque no se prejuzga la responsabilidad de la senadora, existen indicios suficientes para que la Procuraduría adelante una investigación formal que determine la existencia o no de irregularidades.
El caso se suma a las tensiones que rodean la implementación de estrategias de paz urbana en Medellín, donde la participación de cabecillas de estructuras criminales continúa generando debate en la opinión pública y en los escenarios institucionales.
