El Senado de España aprobó una moción en la que expresó preocupación por la situación del Canal 1 y por las denuncias relacionadas con presuntas presiones contra la libertad de prensa en Colombia, luego de que el medio señalara actuaciones del Gobierno de Gustavo Petro que, a su juicio, afectarían su continuidad y su ejercicio informativo.
El pronunciamiento se produjo tras una intervención del senador Vicente Azpitarte, periodista y miembro de la Cámara Alta, quien expuso el caso ante el pleno. Durante su intervención, Azpitarte sostuvo que la libertad de prensa constituye un derecho fundamental y un contrapeso necesario frente al poder político y económico en los sistemas democráticos.
En ese contexto, afirmó que la ciudadanía requiere información plural y no condicionada por la narrativa del gobierno de turno. Según el senador, las alertas planteadas por Canal 1 merecen atención internacional debido a su impacto sobre el debate público y el funcionamiento de los medios independientes.
Desde el Senado español se hizo referencia a actuaciones del Ejecutivo colombiano que, según lo expuesto, podrían interpretarse como intentos de incidir en el funcionamiento del canal. Azpitarte mencionó la posibilidad de suspender la concesión del medio por presuntos incumplimientos que, de acuerdo con su versión, no habrían sido determinados mediante procedimientos plenamente concluidos. En su exposición, calificó esas acciones como ajenas al interés general y carentes de un trámite jurídico transparente.
El senador también señaló lo que describió como una tendencia de sectores de izquierda a buscar control sobre el relato mediático, un fenómeno que afirmó observar tanto en Colombia como en España.
En ese marco, mencionó la politización de los medios oficiales colombianos y la contratación de figuras que, según dijo, respaldarían la narrativa del Gobierno nacional, lo que a su juicio plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos en comunicación estatal.
Las advertencias del Senado español se producen en medio de una serie de hechos que han marcado la relación entre el Gobierno Petro y el Canal 1. En agosto, el presidente ordenó anticipar el proceso de licitación del canal, decisión que fue seguida, semanas después, por el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la apertura de una investigación contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no informada. Tras ese anuncio, Petro señaló públicamente que el contrato del canal había llegado a su fin y que debía iniciarse el proceso de licitación conforme a la ley.
Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, se refirió a esta situación en una entrevista concedida el 16 de septiembre, en la que habló de un escenario complejo para el medio. Allí afirmó que el canal estaría siendo objeto de presiones por parte de distintas entidades del Estado, en particular del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el propósito de retirarlo del aire y transferir su administración a otros operadores con una línea editorial distinta.
Avendaño también mencionó la contratación de un abogado por parte del Ministerio, tras pronunciamientos del presidente Petro, con el objetivo de explorar mecanismos para declarar la caducidad del contrato del canal.
Estas afirmaciones fueron parte del contexto presentado ante el Senado de España, que derivó en el llamado a proteger el ejercicio periodístico y las libertades informativas en Colombia.
