En las últimas horas, se conoció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que someterá a un “juicio revolucionario” a los cuatro funcionarios de la Fuerza Pública colombiana que mantiene secuestrados desde julio pasado en el departamento de Arauca.
A través de un video, el grupo armado aseguró que la decisión se tomó tras, según ellos, haber agotado las gestiones para lograr un canje de prisioneros con el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Es de indicar que los secuestrados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, así como el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional.
El anuncio se produjo luego de que la organización armada difundiera pruebas de supervivencia de los cuatro funcionarios. En las grabaciones, los secuestrados confirman encontrarse con vida y piden al Gobierno gestionar su liberación.
El grupo insurgente añadió que una vez se lleve a cabo el juicio, se informará a la opinión pública sobre los resultados del mismo, aunque no precisó la fecha ni el lugar donde se realizará.
Es de recordar que los funcionarios permanecen secuestrados desde mediados de julio, cuando fueron retenidos en zona rural del departamento de Arauca y según la información hasta el momento, ni el Gobierno Nacional ni la Fiscalía han emitido un pronunciamiento oficial sobre el anuncio del ELN.
Sin embargo, fuentes de seguridad han reiterado que los secuestros constituyen una violación grave del Derecho Internacional Humanitario, al tratarse de funcionarios en ejercicio de sus funciones públicas.
El secuestro de estos cuatro uniformados se suma a una serie de hechos que han tensado el proceso de diálogo entre el ELN y el Ejecutivo, que mantiene actualmente suspendidas las negociaciones tras reiterados incumplimientos del grupo armado.
El caso ha generado, según expertos, una profunda preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que han insistido en la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de la libertad por grupos ilegales.
