El Gobierno Nacional considera que el Senado debió repetir la votación sobre la convocatoria a una consulta popular antes del 1 de junio. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, el hundimiento del proyecto de reforma laboral promovido por el Ejecutivo obedeció a un presunto fraude legislativo.
Benedetti sostuvo que, al no haberse producido una decisión formal del Senado antes de la fecha límite, el Gobierno queda habilitado para convocar la consulta mediante decreto presidencial. Sin embargo, esta posición ha generado una nueva controversia institucional.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió con un comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro, en el que certificó la votación y el rechazo a la solicitud del Ejecutivo. Benedetti, por su parte, criticó duramente el proceso legislativo: “Efraín Cepeda no dio ni garantías, ni transparencia, ni tranquilidad. Hoy somos muchos los que consideramos que el Congreso no se pronunció sobre la consulta popular debido a irregularidades, fraudes, trampas y jugaditas”, afirmó.
Ante este panorama, se ha conocido que el presidente Petro estaría alistando un decreto para convocar formalmente la consulta popular, el cual sería firmado antes del 12 de junio, fecha límite establecida por ley para este tipo de decisiones.
De firmarse dicho documento, se anticipa una fuerte respuesta política y jurídica. Efraín Cepeda ya anunció que presentará una demanda ante el Consejo de Estado, calificando la eventual decisión como “absolutamente ilegal” y como una violación a la autonomía del Congreso y del poder judicial.
“Si alguien no está de acuerdo con una decisión del Congreso, debe acudir a los jueces. No puede simplemente pasar por encima de las instituciones. Si insisten, nosotros acudiremos al Consejo de Estado, y estoy seguro de que declarará la nulidad de ese decreto por arbitrario”, expresó el presidente del Senado.
Desde distintos sectores se ha advertido que una eventual convocatoria directa a consulta popular podría interpretarse como una violación a la separación de poderes y un paso en dirección autoritaria por parte del Gobierno.
El presidente Petro ha defendido su postura argumentando que su mandato, respaldado por 11 millones de votos, le otorga un compromiso directo con el pueblo colombiano que, según él, debe ir incluso más allá de las limitaciones del marco constitucional actual.
En su más reciente pronunciamiento, Petro reiteró que el texto aprobado en la Comisión Cuarta del Senado no refleja los principios de su reforma laboral, señalando que el artículo que permite la contratación por horas transforma la iniciativa en una “contrarreforma laboral”.
“El contrato por horas es una propuesta de Duque que el pasado Congreso no aprobó. Incluirlo ahora convierte la reforma en un retroceso peor que los contratos basura y la Ley 50, juntas”, afirmó el mandatario.
Lo cierto es que, de llegar a firmarse el decreto de convocatoria a consulta popular, se abrirá un escenario inédito y potencialmente conflictivo que pondrá a prueba la solidez institucional y la vigencia de la separación de poderes en Colombia.
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