El trámite del proyecto de ley de sometimiento, conocido como iniciativa de flexibilidad penal, enfrenta su primer gran obstáculo en el Congreso luego de que varios partidos de oposición e independientes radicaran una ponencia negativa para archivar la propuesta.
Los ponentes advierten que el articulado podría vulnerar los derechos de las víctimas, generar impunidad y tener motivaciones políticas en medio del actual contexto electoral.
La ponencia fue presentada por los representantes José Jaime Uscátegui, Juan Daniel Peñuela, Marelen Castillo y Julio César Triana, quienes consideran que el texto presentado por el Gobierno amplía excesivamente los beneficios judiciales para integrantes de grupos armados y personas condenadas en el marco de protestas sociales.
Según los firmantes, ya existe una normativa, la Ley 1908 de 2018, que permite adelantar procesos de sometimiento a la justicia, tanto individuales como colectivos, sin necesidad de crear una nueva legislación.
El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, señaló que la propuesta “premia a los criminales” sin ofrecer soluciones reales a las víctimas. “No se justifica que se impulsen mecanismos especiales para beneficiar a la primera línea o a quienes están presos por delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, cuando el Código Penal ya contempla la norma aplicable”, sostuvo.
Por su parte, la congresista Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, advirtió que la iniciativa envía un “mensaje equivocado” a la sociedad, pues permitiría que personas que han cometido delitos graves obtengan penas reducidas o salidas anticipadas.
Añadió que el proyecto “favorece a grupos que ya fueron incluidos en acuerdos anteriores” y que busca “abrir un nuevo espacio de beneficios para la primera línea sin ofrecer soluciones a los ciudadanos”.
Desde el Partido Conservador, el representante Juan Daniel Peñuela manifestó que el proyecto debería tramitarse como ley estatutaria por incluir disposiciones de justicia transicional, y no como una ley ordinaria. A su juicio, la propuesta “desbalancea el sistema judicial al concentrarse en beneficios penales sin priorizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
Peñuela también señaló que el proyecto no contempla un estudio del impacto fiscal ni mecanismos de control sobre los beneficios otorgados. Agregó que la iniciativa llega “a destiempo”, pues debió ser tramitada al inicio del Gobierno y no en un contexto político en el que, según dijo, “puede tener un uso electoral”.
Mientras tanto, desde la Alianza Verde, el representante Duvalier Sánchez confirmó que la discusión del proyecto se iniciará en los próximos días y que las distintas ponencias ya están listas para debate. El congresista indicó que varias entidades y expertos fueron consultados sobre el contenido de la propuesta, la cual, según expresó, “genera polémica incluso dentro de los sectores que respaldan la política de paz total”.
