En una ceremonia atípica, tres nuevos magistrados del Consejo de Estado asumieron sus cargos con el presidente Gustavo Petro como invitado especial, pero no como protagonista principal. Tradicionalmente, los magistrados de las altas cortes se posesionan ante el presidente de la República en la Casa de Nariño, pero esta vez, los nuevos miembros del Consejo de Estado decidieron tomar posesión ante la Sala Plena de su propio tribunal.
La ceremonia, presidida por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del alto tribunal, contó con la presencia del presidente Petro en la mesa principal, junto a los demás integrantes de la Sala Plena. Esta particularidad marcó un hito en la historia del Consejo de Estado, ya que, tal como señaló Álvarez Parra, es la primera vez que los consejeros se posesionan ante la Sala Plena y no en la Casa de Nariño.
Los nuevos magistrados que se integran a la institución son Juan Camilo Morales Trujillo, quien asumirá la Sección Segunda; Adriana Polidura Castillo, que ocupará la Sección Tercera; y Luis Antonio Rodríguez, quien será parte de la Sección Cuarta.
Durante su intervención, el magistrado Álvarez Parra destacó que la elección de los nuevos togados se realizó mediante una convocatoria pública, un mecanismo que, según él, reafirma la autonomía y la independencia de la justicia frente a las otras ramas del poder público. Esta decisión subraya el compromiso con la transparencia y la meritocracia en la selección de los magistrados.
Por su parte, aunque el presidente Petro no pronunció palabra durante la ceremonia de posesión, sí lo hizo horas antes con un mensaje en el que confirmó su asistencia y expresó su respeto por la justicia. «Cualquier invitación que haga la justicia será aceptada por mí. Yo no soy soberbio, menos con la justicia. A la justicia se le obedece, pero también como cualquier democracia debe ser criticada y homenajeada por cualquiera. Porque la justicia es del pueblo».
Este acto refleja no solo el inicio de una nueva etapa para el Consejo de Estado, sino también un gesto simbólico en el que se reafirma la autonomía del poder judicial frente al Ejecutivo.
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