La representante a la Cámara Katherine Miranda solicitó a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre la posibilidad de que el presidente de la República convoque una consulta popular mediante decreto.
Según indicó Miranda, recibió una respuesta de la relatoría de la Corte Constitucional en la que se afirmaba: “Ninguna providencia permite convocar a la consulta sin concepto afirmativo del Senado, ni autoriza al Ejecutivo a insistir tras un concepto negativo.” Sin embargo, este pronunciamiento generó controversia, ya que la Corte aclaró posteriormente que dicha comunicación no constituye una posición oficial del alto tribunal.
En un comunicado, la Corte Constitucional explicó que “la relatoría de la Corte no tiene a su cargo responder consultas u opiniones y mucho menos adoptar decisiones de ninguna naturaleza.” Añadió que la respuesta enviada a la representante Miranda, suscrita por María Camila Vásquez Bohórquez, auxiliar judicial grado 2, constituyó una extralimitación de funciones y “no compromete la posición oficial de la corporación.”
La Corte también señaló que la funcionaria que firmó la respuesta podría enfrentar una investigación disciplinaria por este hecho.
Frente a la situación, la representante Miranda se pronunció en su X : “Entiendo que la Corte no puede pronunciarse formalmente, ya que incurriría en prejuzgamiento, pero nos dio luces importantes de por qué una consulta vía decreto, sin aprobación del Congreso, sería abiertamente inconstitucional.”
Lo cierto es que, hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional sobre si el presidente Gustavo Petro puede o no convocar una consulta popular por decreto.
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