A tan solo semanas de que entre en vigor la reforma pensional, el Ministerio del Trabajo ha expedido el Decreto 0514 de 2025, conocido como el Decreto Único Reglamentario, que establece las directrices operativas y administrativas para la implementación de la Ley 2381 de 2024, la cual reformó el sistema pensional colombiano.
El objetivo de la reforma, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2025, es centralizar el sistema de pensiones bajo un modelo de protección social integral basado en tres pilares fundamentales: solidario, semicontributivo y contributivo. Este modelo busca una cobertura más amplia para los colombianos, brindando alternativas más accesibles para aquellos que no cuentan con suficientes recursos para una pensión contributiva.
Sin embargo, el futuro de la reforma se encuentra en un limbo jurídico. Actualmente, la ley está bajo estudio de constitucionalidad en la Corte Constitucional, lo que ha generado incertidumbre sobre su aplicación. Aumentando las dudas, la reforma ha sido ensombrecida por la reciente captura de los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes fueron detenidos por su presunta participación en un escándalo de sobornos millonarios que, según las investigaciones, habrían sido entregados para facilitar la aprobación de la reforma.
Ante este panorama, la Corte Constitucional ha solicitado formalmente los documentos de las investigaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos relacionados con los sobornos, con el fin de incluir esta información en el estudio de la constitucionalidad de la ley.
Tras la publicación del Decreto 0514, la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) ha lanzado una alerta por varios puntos en los que aún persisten dudas y falta de claridad. La entidad ha manifestado su preocupación por los aspectos operativos y administrativos del nuevo sistema, lo que podría generar incertidumbre tanto para los trabajadores como para las entidades encargadas de la gestión de los fondos pensionales.
Entre los puntos críticos señalados por Asofondos se encuentran los mecanismos de transición entre el sistema antiguo y el nuevo, así como la falta de detalles específicos sobre los procedimientos administrativos que deberán seguir las entidades para implementar los cambios.
Con la entrada en vigor de la reforma pensional a menos de dos meses, las autoridades, expertos y ciudadanos esperan una pronta resolución sobre los temas jurídicos pendientes para garantizar la efectividad del nuevo modelo pensional y su impacto positivo en la población colombiana.
- Seguro Previsional para la Población en Transición: Asofondos señala la ausencia de un plan claro para garantizar el seguro previsional a mujeres con más de 750 semanas cotizadas y hombres con más de 900 semanas al 30 de junio de 2025.
- Uso del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM): Asofondos expresa preocupación por la posibilidad de que los recursos del FGPM, destinados originalmente al régimen de ahorro individual, se utilicen para financiar obligaciones del régimen de prima media, lo que podría comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.
- Desacumulación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC): Asofondos advierte sobre la autorización para utilizar recursos del FAPC, destinados al pilar contributivo, para financiar el pilar semicontributivo. Considera que esta medida podría generar pasivos pensionales que afecten la estabilidad fiscal a largo plazo.
Es necesario para Asofondos, que antes de la entrada en vigencia de la reforma pensional, se aclaren los puntos presentados, con el fin de garantizar la protección de los afiliados y la sostenibilidad del sistema, aclarando que otras partes del decreto, entregan claridad jurídica y operativa.
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