Por mayoría, los magistrados de la Corte Constitucional decidieron suspender la intervención que en abril del 2024 ordenó la Superintendencia de Salud contra la EPS Sanitas. Un punto que se debe destacar es que el magistrado Vladímir Fernández, quien fue el secretario jurídico de Gustavo Petro, salvó su voto en la decisión tomada.
El alto tribunal falló una tutela en favor de Keralty, empresa española que es la propietaria del grupo Sanitas.
En la decisión de la Corte se puede leer: «Dejar sin efectos la Resolución 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, que ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. por el término de un año».
La resolución de intervención era por un año y vencía en abril de 2025, por esto la Superintendencia de Salud había expedido otra actuación que prolongaba por un año más la intervención, la Corte también en su fallo tumbo la resolución de prórroga.
El fallo de la Corte por mayoría revocó la sentencia del 10 de junio de 2024, que emitió la Corte Suprema de Justicia que confirmaba el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, donde se había declarado improcedente la acción de tutela que había interpuesto la Clínica Colsanitas, Medisanitas, Keralty, Colsanitas, y Juan Pablo Rueda contra la Supersalud.
Lo anterior fue cambiado en el concepto de la Corte Constitucional que decidió «Amparar el derecho fundamental al debido proceso de Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S.Compañía de Medicina Prepagada, Keralty S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. y Juan Pablo Rueda Sánchez».
La decisión en favor del grupo Sanitas, puede llevar a que los propietarios de las diferentes EPS intervenidas, presenten demandas que pretendan tumbar las resoluciones de intervención de estas entidades.
Por su parte, el Grupo Keralty, manifestó en un comunicado que seguirá las acciones judiciales para establecer los responsables de la actual situación de la empresa, que aunque lograron un triunfo jurídico, este tiene un sabor agridulce debido a que van a recibir una empresa devastada y en graves problemas económicos. «Lo que hoy, para muchos, debiera ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, para nosotros es un día de duelo».
Entre tanto, el presidente Gustavo Petro, por medio de X, se refirió al fallo de la Corte Constitucional, donde advierte que si no se aprueba la reforma a la salud, el sistema se quiebra:
«He tratado de evitar la liquidación de la EPS y por eso soy el Presidente que menos las ha hecho; la liquidación significa que los afiliados pasan a otras EPS por designación oficial, y las deudas, provocadas por decisiones privadas, se pagan con los activos de la empresa, que casi siempre solo son dineros públicos, y que siempre valen menos que la deuda.
Es una gran estafa a la red pública y privada hospitalaria, se hizo en Medimás, Cafesalud, Saludcoop y más de un centenar. El dueño privado de las EPS liquidadas, no paga las deudas que deja con su propio patrimonio privado. Si los activos no alcanzan, queda la deuda sin pagar.
Por eso el sistema todo se concentra, progresivamente, en las clínicas privadas de los dueños de la EPS.
Las clínicas privadas de los dueños de las EPS se construyen con el dinero público y funcionan con él, al llevar por obligación a las y los pacientes, a ellas. Buena parte de los demás hospitales públicos y privados, quiebran.
Por eso cerró el hospital San Juan de Dios de Bogotá, y muchos otros centros de salud icónicos en todo el territorio nacional. Cerraron, en su mayoría, los puestos de salud de las veredas y barrios.
Tenemos un sistema que devora el erario por billones y niega atenciones y quiebra la red pública y privada hospitalaria, ese sistema siempre exigirá subir la unidad de financiación por asegurado, UPC, por encima de la inflación real. Ese sobrecosto no irá a mejor atención al paciente, ni a las reservas técnicas que son obligatorias, si no las devorará el grupo de propietarios.
Una aberración de ese tamaño solo se mantiene comprando la política. Keralty ha sido, inconstitucionalmente, un comprador de la política.
Si el Congreso no aprueba la reforma a la salud, simplemente el sistema se quiebra. Las aseguradoras financieras o actuales EPS que no cumplan con las reservas técnicas que exige la ley para esta actividad, deberán liquidarse y sus pacientes quedan en las que sobrevivan, tal situación solo producirá que el número de EPS disminuya, creando un cartel de la intermediación privada de la salud, todo financiado por el conjunto de los colombianos, que no solo financia la operación, sino, también, el patrimonio particular de los dueños y las grandes rentas que se van del país
La Nación podrá pagar las deudas privadas, hoy en propiedad de las EPS privadas sin reservas técnicas solo con recursos adicionales al presupuesto, estos o son deuda pública, es decir las paga el pueblo, injusticia que no permito, o la pagan los grandes contribuyentes.
Creo inconveniente que las empresas se sacrifiquen por unas cuantas EPS que no cumplen los requisitos de ley por ser aseguradoras.
Así que la solución más adecuada es la propuesta por el gobierno: construir un sistema sin EPS como intermediarias financieras, volverlas gestoras de la referencia del sistema preventivo al asistencial, pagar directamente los servicios desde el Estado a clínicas y hospitales y permitir que las y los pacientes, escojan libremente en su territorio la clínica que brinde su servicio médico.
Crear en la base, un sistema universal de atención preventiva y primaria, en toda la geografía del país. La prevención es el verdadero abaratador del sistema de salud
Llevamos ya, más de 5 millones de familias cubiertas por la atención preventiva y primaria en salud y 90.000 personas contratadas integrando este nuevo sistema preventivo de primer nivel.
Acato la sentencia que, según lo que se comunica por parte de la Corte, versa sobre irregularidades procedimentales en la intervención de Colsanitas, que pasa a ser libre de intervención y por tanto responsable pleno de las leyes financieras y de la conformación de reservas técnicas y del pago de su deuda a la red hospitalaria.»
Se han conocido reacciones a la decisión de la Corte Constitucional
La presidente de Acemi, Ana María Vesga, que agrupa a las EPS del régimen contributivo, en su cuenta de X expresó «Hace más de un año advertíamos sobre la arbitrariedad y el riesgo de esta medida de intervención. Hoy, cuando millones de afiliados han sido afectados y la empresa ha perdido valor, la Corte Constitucional lo confirma y deja sin efectos la medida ¡En buena hora!»
Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del gobierno Petro, «las intervenciones del Estado en EPS de Salud y en Empresas de Servicios Públicos nunca han funcionado. Nunca. Ni en este gobierno ni en ninguno de los anteriores. Siempre terminan en liquidación o empeorando la situación que tenía la empresa antes de ser intervenida».
Lo que sí es claro es que el fallo de la Corte Constitucional da un nuevo rumbo en la figura de las intervenciones que realiza la Superintendencia de Salud a las Entidades Prestadoras de Salud.
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