La audiencia de imputación de cargos contra varios exfuncionarios del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por el caso «Aguas Vivas» que estaba programada para hoy a las 11:00 a.m. fue aplazada debido a que, Juan Carlos Torres, uno de los señalados por la Fiscalía, no contaba con un abogado defensor.
Torres argumnetó que no tenía un abogado de su confianza para aforntar la audiencia, hecho que ya había puesto en conocimiento del juez previo a la audiencia judicial.
Ante esta situación, el juez, con aprobación de la Fiscalía, decidió aplazar la audiencia contra Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad, William Alberto Gómez Ramírez, exsecretario general de Metroplús, y los funcionarios Rubén Darío López Giraldo y Santiago Fernando Ortega Mateos, no sin antes advertirle a Torres que si para la próxima audiencia no tenía abogado, se le asignaría uno de la Personería.
El posible entramado ilícito comenzó en diciembre de 2014, cuando el predio Aguas Vivas fue adquirido por IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y Juan Manuel Villegas por $1.645 millones de pesos. Posteriormente, el exgobernador Luis Pérez y su familia adquirieron un 15% del terreno, pero en 2016 lo devolvieron a las empresas propietarias, recibiendo a cambio derechos sobre la finca adyacente Las Brisas. En paralelo, el POT de Medellín cambió el uso del suelo de la zona, clasificándola como ecoparque con restricciones de desarrollo. Ante esto, los dueños ofrecieron ceder el terreno gratuitamente al municipio como compensación urbanística, lo que se oficializó en mayo de 2020. Sin embargo, meses después, la administración de Quintero consideró pagar por el lote bajo el argumento de usarlo en el proyecto Valle del Software, lo que generó denuncias de irregularidades y la salida de algunos funcionarios.
Cabe recordar que en 2021, los propietarios reclamaron $54.000 millones de pesos como compensación, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado rechazaron la conciliación.
En mayo de 2023, Quintero firmó el decreto 412, que modificaba el uso del suelo en el Ecoparque Las Palmas y permitía la construcción en Aguas Vivas, omitiendo restricciones del Concejo de Medellín. Tras una auditoría de la nueva administración, se revocó la norma al descubrirse más de 500 irregularidades en la gestión de Quintero. El caso fue denunciado ante la Fiscalía, y ahora el proceso judicial busca determinar su responsabilidad en posibles delitos como peculado por apropiación, interés indebido en contratos y prevaricato por acción.
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