La Gobernación de Santander anunció nuevas medidas para enfrentar la presencia de grupos armados ilegales en el municipio de Rionegro, luego de que la Defensoría del Pueblo emitiera la alerta temprana 016 de 2025 por el riesgo derivado de una disputa territorial entre varias organizaciones criminales.
La administración departamental confirmó que ofrecerá hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar o capturar a integrantes y redes de apoyo de estas estructuras.
La alerta emitida por la Defensoría señaló que en los corregimientos de San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de Los Chorros y La Tigra se registra una triple confrontación entre el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y una posible presencia de integrantes del ELN.
Esta zona del Bajo Rionegro es considerada un punto estratégico para actividades relacionadas con el narcotráfico, lo que ha incrementado el riesgo para la población rural.
En respuesta al informe, autoridades departamentales realizaron una reunión para revisar el comportamiento delictivo y coordinar acciones que permitan prevenir enfrentamientos entre los grupos que buscan consolidar su dominio en la región. Entre las decisiones adoptadas se encuentra la implementación de incentivos económicos destinados a obtener información que facilite la acción de la Fuerza Pública.
Óscar Hernández Durán, secretario del Interior de Santander, explicó que el propósito de la administración es fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar la presencia de estructuras armadas y avanzar en la contención de delitos como homicidio y extorsión. Según afirmó, la recompensa busca estimular la colaboración ciudadana y aportar elementos para la intervención de las autoridades.
Además de las medidas económicas, la Gobernación desplazó un equipo multidisciplinario a Rionegro con el objetivo de apoyar la atención a la alerta temprana. Este grupo trabajará con unidades del Ejército y de la Policía Nacional para reforzar la presencia institucional y desarrollar acciones orientadas a anticipar riesgos, fortalecer los controles y acompañar a las comunidades que se encuentran en las áreas señaladas por la Defensoría.
La administración departamental indicó que la articulación entre entidades civiles y organismos de seguridad busca garantizar condiciones de protección para los habitantes de las zonas rurales, en un contexto en el que varias estructuras armadas se disputan rutas y espacios estratégicos.
Se espera que, con el despliegue coordinado, las autoridades logren mitigar los riesgos advertidos y avanzar en la identificación de los responsables que intentan consolidar su presencia en el territorio santandereano.
