En la Unidad de Regulación Financiera (URF) comenzaron a formalizarse varias salidas de funcionarios, luego de que se aceptaran al menos seis renuncias en las últimas semanas.
Según información dada a conocer por Caracol Radio, los movimientos internos se producen tras la salida de la directora de la entidad, Mónica Higuera, y en un contexto marcado por el debate sobre el manejo de los recursos de los fondos de pensiones invertidos en el exterior.
De acuerdo con la información, las renuncias aceptadas corresponden a seis nuevos funcionarios que ingresaron recientemente a la entidad. Se trata del economista Juan Oswaldo Manrique; la economista Andrea Paola Santanilla; el economista Lucas Rodríguez; la abogada Lina Rodríguez; el economista Carlos Sandoval y la abogada Violeta Aguilar.
Frente a estos nombramientos, se han expresado dudas sobre la experiencia en regulación financiera de algunos de los nuevos integrantes del equipo técnico.
La URF venía de un proceso de transición tras la salida de Mónica Higuera, quien estuvo al frente de la entidad durante dos años. Su retiro se conoció a comienzos de diciembre y se dio en medio de desacuerdos con el Ministerio de Hacienda sobre una iniciativa para modificar el manejo de los fondos de pensiones que mantienen inversiones en el exterior. La exdirectora se negó a respaldar una propuesta que buscaba obligar a los fondos a repatriar recursos actualmente invertidos fuera del país.
Higuera explicó públicamente que su renuncia respondió a criterios técnicos y a su posición frente a la estabilidad del sistema financiero. Señaló que su decisión estuvo relacionada con la defensa de la institucionalidad y del ahorro público.
También reveló que había preparado su carta de renuncia desde el 21 de octubre, pero que solo la presentó el 3 de diciembre, tras ser citada al despacho del ministro de Hacienda, Germán Ávila, por no acatar una instrucción que consideraba inviable.
El debate de fondo gira alrededor de un proyecto de decreto que estudia el Gobierno Nacional para repatriar los recursos que los fondos de pensiones mantienen en inversiones extranjeras. Inicialmente, la propuesta contemplaba traer al país cerca de 125 billones de pesos en un plazo de seis meses, aunque posteriormente se habló de montos que podrían llegar hasta los 250 billones de pesos. La iniciativa fue planteada en el marco del estado de emergencia económica declarado por el Gobierno ante el déficit fiscal.
El ministro de Hacienda ha señalado que el objetivo del proyecto es financiar proyectos estratégicos de infraestructura y dinamizar la economía nacional. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran proyectos férreos, viales y de infraestructura aérea, marítima y fluvial.
Sin embargo, desde el sector de los fondos de pensiones, Asofondos ha manifestado su desacuerdo con la medida, al advertir sobre posibles riesgos y menores retornos para el ahorro de los trabajadores.
Cabe recordar que la URF, es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y tiene como función preparar la normativa del sistema financiero, realizar estudios económicos y jurídicos y analizar el impacto de las regulaciones. En ese contexto, los recientes cambios en su planta de personal se producen en un momento clave para la discusión de una de las propuestas regulatorias más sensibles del sector financiero.
