Ante el Consejo de Estado, RTVC S.A.S. radicó un documento en el que solicita tumbar el fallo emitido por la Sección Tercera de ese mismo alto tribunal, decisión que había regulado las alocuciones presidenciales e impartido órdenes a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
El documento, elaborado por Economía, Derecho y Sociedad S.A.S., argumenta que RTVC actúa únicamente como operador público encargado de la difusión técnica y logística de los mensajes institucionales, sin participar en la definición de su contenido o frecuencia. Según el texto, “RTVC S.A.S. actúa como operador público que ejecuta la política de contenidos y asegura la difusión técnica y logística de mensajes institucionales, sin decidir la oportunidad, la frecuencia ni la temática de las alocuciones”, competencias que corresponden exclusivamente a las autoridades que las ordenan.
En ese sentido, el documento sostiene que no puede atribuirse una vulneración por parte de RTVC, pues su papel se limita a “garantizar el acceso de la ciudadanía a información de interés público dentro de los límites de legalidad, continuidad, transparencia y pluralismo”.
El concepto añade que las alocuciones presidenciales y su transmisión “no lesionan la libertad de información porque materializan su doble dimensión de informar y ser informado mediante contenidos de interés público”. Además, explica que el derecho invocado en el fallo no incorpora un supuesto derecho a no informarse, y que el error de la decisión judicial consistió en equiparar la libertad individual con el principio de pluralismo informativo.
“El fallo desbordó el contenido real del derecho y desplazó competencias que no le corresponden”, señala el documento, en referencia a la interpretación que hizo la Sección Tercera sobre la libertad de información y el papel de los medios públicos.
En otro de sus apartes, RTVC advierte que las medidas adoptadas por el fallo son desproporcionadas, pues “imponen un control previo rígido que no es necesario y sí sacrifica el núcleo de la libertad de información al condicionar la comunicación institucional directa del Ejecutivo”. El análisis propone alternativas menos gravosas, como la réplica o los controles posteriores, y agrega que las alocuciones “tienen periodicidad y duración razonables orientadas a asuntos de interés general”.
Finalmente, el documento concluye que “los beneficios esperados no compensan los costos que la restricción impone sobre la transparencia y la rendición de cuentas”, insistiendo en que limitar la comunicación institucional del Gobierno impacta directamente el derecho ciudadano a recibir información de interés público.
Analistas consultados por IFMNOTICIAS consideran que esta petición de RTVC ante el Consejo de Estado genera inquietud y abre varias incógnitas, pues para nadie es un secreto que la decisión que adopte el alto tribunal podría tener repercusiones en el futuro de la entidad, especialmente en materia de contrataciones, ejecución de convenios y autonomía frente a la política de contenidos institucionales. Según expertos del sector, el alcance de este pronunciamiento podría incluso redefinir los límites entre la función operativa de RTVC y las decisiones de carácter gubernamental que involucran la comunicación pública.
