Las autoridades españolas avanzan en la investigación del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que dejó hasta el momento 40 personas fallecidas, decenas de heridos y un número significativo de desaparecidos. Los primeros hallazgos técnicos apuntan a la rotura de una soldadura en la vía férrea como el elemento clave que habría desencadenado el siniestro, aunque los investigadores advierten que aún no se ha establecido de manera definitiva la relación causal.
De acuerdo con información confirmada por fuentes cercanas a la investigación, el raíl identificado como L-10717 número 23117, ubicado en el kilómetro 318,7 de la línea, presentó una fractura en la soldadura que habría provocado la salida de los vagones 6, 7 y 8 del tren de alta velocidad Iryo 6189, que cubría la ruta Málaga–Madrid. Uno de estos vagones impactó de forma frontal contra el tren Alvia 2384, que circulaba en sentido contrario hacia Huelva, generando un descarrilamiento en cadena y la caída de varios coches por un talud de aproximadamente cuatro metros.
El Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística de la Guardia Civil documentó gráficamente la rotura del raíl, donde se aprecia un fragmento desprendido en el punto exacto del descarrilamiento. Testimonios de pasajeros del Iryo indican que, minutos antes del accidente, se percibieron vibraciones y anomalías en el desplazamiento, lo que ha llevado a los peritos a considerar la hipótesis de un objeto o sobrepeso adherido a los bajos del tren que pudo impactar la vía y ocasionar la fractura.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó el hecho como “realmente extraño”, teniendo en cuenta que el tramo había sido renovado en mayo de 2025, tras una inversión cercana a los 700 millones de euros, y que la infraestructura fue inspeccionada apenas cuatro días antes del accidente. Además, el tren Iryo involucrado tiene menos de cuatro años de operación.
No obstante, Puente fue enfático en señalar que, aunque la rotura del carril es un indicio relevante, aún debe determinarse si se trata de la causa directa del descarrilamiento o una consecuencia del mismo. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios continúa en fase de recolección de pruebas, que incluyen análisis de laboratorio de la soldadura, estudios metalúrgicos y revisión de los sistemas del tren.
La magnitud de la tragedia ha obligado a las autoridades judiciales a ordenar pruebas de ADN para la identificación de las víctimas, debido al estado de algunos cuerpos. Las labores de rescate y levantamiento de vagones se han visto dificultadas por la compleja orografía del terreno, lo que ha retrasado el acceso de maquinaria pesada.
Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen el llamado a la prudencia y evitan conclusiones anticipadas, en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España en las últimas décadas.
