En las últimas horas se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó en segunda instancia que sí tiene competencia para investigar a Rodrigo Granda, exlíder de las FARC conocido como el «canciller», por su posible participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.
Mediante un auto fechado el 19 de marzo de 2025, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz revocó la decisión adoptada en abril de 2024 por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que había declarado la falta de jurisdicción de la JEP en este caso, argumentando que los hechos sucedieron fuera del territorio colombiano y no estaban directamente relacionados con el conflicto armado interno.
Este nuevo fallo abre la posibilidad de que Rodrigo Granda se someta a la JEP en relación con los crímenes ocurridos en 2004, cuando Cecilia Cubas fue secuestrada y posteriormente encontrada muerta en las afueras de Asunción, Paraguay. La investigación en torno a este caso, que involucra una de las víctimas más emblemáticas del conflicto en la región, podría tener importantes implicaciones en la justicia transicional colombiana y en la cooperación judicial entre Colombia y Paraguay.
La JEP, en su análisis, destacó que el caso de Rodrigo Granda aún se encuentra en la fase de investigación en Paraguay y que el exlíder de las FARC no ha sido sometido a juicio.
No obstante, los magistrados de la JEP enfatizaron en la necesidad de obtener pruebas adicionales para poder avanzar en el análisis de fondo del caso. De acuerdo con el tribunal, hasta que no se presenten elementos probatorios que respalden la acusación, no se podrá tomar una decisión vinculante sobre la competencia del tribunal. Esta aclaración deja claro que, aunque se reconozca la jurisdicción, el proceso sigue sujeto a la verificación de los hechos y la recopilación de pruebas clave.
Es importante recordar que la justicia paraguaya ha requerido a Rodrigo Granda en relación con el caso de Cecilia Cubas, señalando su posible implicación en la planificación y ejecución del secuestro que culminó con su trágica muerte. La colaboración de Granda en las operaciones de las FARC, que habrían incluido la participación en el crimen, ha sido una de las líneas de investigación más relevantes en este caso.
La decisión de la JEP podría tener consecuencias significativas tanto para las autoridades colombianas como para las paraguayas, pues podría influir en el desarrollo de la investigación en ambos países, e incluso abrir nuevos caminos para la cooperación judicial internacional en casos de derechos humanos relacionados con el conflicto armado.
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