Una firma de abogados estadounidense, con sede en Washington, fue contratada por Ecopetrol para estudiar el impacto potencial ante autoridades de Estados Unidos de investigaciones y señalamientos que involucran al Presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán.
La firma Covington & Burling LLP fue seleccionada por la Junta Directiva de Ecopetrol para liderar una revisión que incluye análisis forense de información interna, entrevistas a directivos y revisión de políticas corporativas, en el marco de lo que se ha denominado internamente como la “Operación Casita”.
El objeto formal del contrato, firmado bajo cláusulas de confidencialidad, es asesorar a la Junta en su relación con autoridades estadounidenses, entre ellas la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).
La firma, especializada en derecho corporativo, antimonopolio y casos de ‘cuello blanco’, llegó a Bogotá en enero de 2025 y realizó entrevistas, obtuvo documentación interna y accedió a conversaciones electrónicas de altos funcionarios. Inicialmente pactado en 875.000 dólares, el contrato fue elevado a 5.875.000 dólares, según una investigación de El Tiempo. La supervisión fue delegada al director de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara.
La decisión fue tomada por la Junta Directiva de la petrolera estatal, que instruyó al director corporativo de cumplimiento, Alberto Vergara, para que liderara el proceso. El encargo, según documentos internos, es revisar políticas, procesos y eventuales repercusiones legales y reputacionales ante autoridades como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y otros entes regulatorios norteamericanos.
Covington & Burling, durante varios días, entrevistó a más de 30 altos funcionarios, accedió a correos electrónicos, conversaciones por mensajería instantánea y documentos internos relacionados con los temas en investigación.
Según consta en un memorando del 26 de diciembre de 2024, firmado por Vergara, la contratación fue solicitada por la Comisión Especial de la Junta para indagar sobre la vinculación de Roa a la empresa, su rol en la campaña presidencial de 2022, la adquisición de un apartamento en Bogotá y relaciones con contratistas y empresarios con vínculos en sectores energéticos, como William Vélez y Serafino Iacono.
En documentos, a los que tuvo acceso la prensa, se menciona que la firma también está revisando las operaciones de la filial Cenit, los contratos de Termomorichal I y II, la negociación del bloque Sinú 9 en Córdoba y posibles vínculos entre directivos y decisiones de contratación. Estos aspectos fueron también abordados por la firma Control Risks en un informe anterior, en el que se advertían riesgos reputacionales.
Otra de las líneas de investigación incluye la compra de un inmueble de alta gama en Bogotá por parte de Roa, cuya titularidad está relacionada con una firma en un paraíso fiscal vinculada al empresario Iacono, otrora directivo de Pacific Rubiales. También se analiza la relación del Presidente de Ecopetrol con la campaña electoral de Gustavo Petro, los contratos de la hidroeléctrica Urrá y posibles injerencias de su pareja, Julián Caicedo Cano, en decisiones internas.
La visita de Covington fue precedida por un acercamiento con la firma Miller & Chevalier, que incluso tuvo contacto con funcionarios de la SEC. Sin embargo, la Junta de Ecopetrol decidió contratar finalmente a Covington, argumentando criterios de eficiencia económica y experiencia especializada.
En una comunicación interna, se instruyó a varios funcionarios a no eliminar ni alterar ningún tipo de documentación física o electrónica relacionada con los asuntos que están siendo evaluados por Covington & Burling, bajo el título de “retención de información”.
Ecopetrol se abstuvo de dar detalles sobre esta información, alegando que el tema está cobijado por cláusulas de confidencialidad y advertencias sobre el uso de información clasificada. Aseguraron que se trata de una práctica habitual en la empresa desde 2008 y que la asesoría jurídica especializada responde a obligaciones legales en el mercado de valores estadounidense.
Hasta ahora no se conocen resultados públicos del análisis contratado ni los motivos que justificaron el incremento sustancial en el valor del contrato.
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