La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presentó una solicitud para revocar una sanción impuesta en 2012 a Alberto Merlano Alcocer, tío en segundo grado de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer.
La multa, que asciende a $240 millones de pesos, fue emitida por presuntas prácticas restrictivas de competencia cuando Merlano integraba la junta directiva de la Empresa de Acueducto de Bogotá (Eaab).
Según los registros, la sanción se relaciona con el modelo de recolección de basuras implementado durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. La SIC señaló que Merlano habría facilitado acciones que limitaron la competencia, excluyendo a empresas privadas de dicho esquema, lo que también derivó en sanciones a otros funcionarios y entidades de la época.
El caso ha desencadenado tensiones dentro de la SIC, donde dos altos funcionarios presentaron su renuncia tras denunciar presiones relacionadas con la solicitud de revocatoria de la sanción.
Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para protección de datos, dejaron sus cargos el 23 de diciembre de 2024, argumentando conflictos éticos ante las presuntas presiones para modificar la decisión sobre Merlano.
Sánchez y Sierra habían rechazado inicialmente la solicitud presentada por Merlano, señalando que no existían fundamentos legales para revocar la sanción. Posteriormente, otros integrantes del Comité de Conciliación de la SIC presentaron impedimentos, lo que complicó el avance del proceso.
Merlano ha dicho que la sanción en su contra vulneró el debido proceso, respaldándose en el artículo 29 de la Constitución. En noviembre de 2024, presentó un recurso alegando que la medida le generaba un “agravio injustificado” y limitaba su acceso a oportunidades laborales.
El caso ha generado controversia debido a las conexiones familiares y políticas de Merlano, quien ha sido señalado como un posible candidato a presidir Ecopetrol. Estas circunstancias han alimentado especulaciones sobre la influencia que sus vínculos con el Gobierno Nacional podrían tener en la resolución del proceso.
La solicitud de revocatoria y las renuncias en la SIC plantean interrogantes sobre el manejo interno de este caso y las decisiones futuras que adoptará la entidad. Mientras tanto, el comité encargado de evaluar el recurso enfrenta el reto de resolver las solicitudes de impedimentos presentadas por varios de sus miembros.
La resolución del caso determinará no solo el futuro de Merlano, sino también las implicaciones políticas y legales asociadas a la gestión de este proceso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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