En un comunicadod oficial, el Centro Democrático alertó y rechazó la nueva resolución del Gobierno Nacional, la cual sin duda, agrava la situación financiera del Sistema de Salud colombiano.
La Resolución 2364 de 2023, pretende quitarle recursos al pago del servicio de los pacientes para destinarlos a la operación de los Equipos Básicos de Salud.
“Nos preocupa enormemente que el Gobierno, mediante la Resolución 2364 de 2023, estableció que para la vigencia 2024 las EPS deberán destinar como mínimo el 5% de la Unidad de Pago por Capitación – UPC (prima que asigna el gobierno a las EPS para que atiendan a cada afiliado) del régimen contributivo y subsidiado para la operación de los Equipos Básicos de Salud, disposición que se da sin la claridad de un estudio previo que evidencie el impacto real de la medida. Actualmente, el Ministerio de Salud está regulando las condiciones para dicha operación a través de un proyecto de resolución, cuyo contenido ha generado principalmente tres alertas. Primera, con esta asignación de recursos que toman de la UPC, equivalentes a alrededor de $5 billones mensuales, que serán girados directamente por la ADRES a los hospitales públicos, agravarían la sostenibilidad financiera del sistema y, con ello, la garantía del derecho fundamental a la salud y la adecuada prestación de los servicios asistenciales, que no se garantiza por la existencia de los equipos”, indicaron.
Adicionalmente, el Centro Democrático anunció que esta resolución “limitaría la participación de las instituciones prestadoras de servicios privadas o mixtas en la
conformación de los Equipos, la cual sólo podrá hacerse de forma excepcional y, tercera, aumentaría riesgos de darse una duplicidad de servicios y, por ende, doble pagos con recursos del Sistema, teniendo en cuenta que no se diferencian entre las actividades que hoy realizan las EPS y que continuarían frente a intervenciones individuales y las que realizarían los Equipos cuando entren a operar”.
Por último, el partido político concluyó diciendo que: “insistimos en la necesidad de
sensatez y racionalidad por parte del Gobierno en su actuar para no poner en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud y la eficiencia en el uso de los limitados recursos del Sistema, es imperativo defender la vida y la salud de los colombianos”.
