La designación de René Guarín Cortés como director general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) generó un pronunciamiento crítico por parte de la mesa de trabajo de Asociaciones de Reservistas, Veteranos, Pensionados y Víctimas, conocida como “Fuerza Púrpura”. A través de una carta abierta dirigida al Gobierno nacional, este colectivo compuesto por más de 70 organizaciones en todo el país, expresó su preocupación y rechazo frente al nombramiento oficializado mediante el Decreto 0010 del 14 de enero de 2026.
En el documento, las asociaciones señalan que la decisión resulta inconveniente desde el punto de vista institucional, jurídico y ético, debido a los antecedentes que, según su versión, rodean la trayectoria de Guarín Cortés. En particular, recuerdan hechos ocurridos a finales de la década de los ochenta, cuando el hoy director de la DNI fue vinculado al grupo insurgente M-19. De acuerdo con la carta, estas referencias incluyen su captura en 1988 en un episodio relacionado con un intento de secuestro y la posesión de armas ilegales, hechos que han sido reseñados por medios de comunicación a lo largo de los años.
La misiva también cuestiona que durante décadas Guarín Cortés se presentara públicamente como vocero de víctimas del caso del Palacio de Justicia, a partir de la desaparición de su hermana, sin que, según el colectivo, se conociera de manera abierta su militancia previa en el mismo grupo armado responsable de la toma del Palacio. Para la “Fuerza Púrpura”, esta situación afecta la confianza pública y vulnera principios de transparencia y ética que, a su juicio, deben ser esenciales en el ejercicio de funciones estatales, especialmente en un organismo de inteligencia estratégica.
Otro de los puntos planteados en la carta es la preocupación por el estado institucional de la Dirección Nacional de Inteligencia en los últimos años. Las asociaciones mencionan la frecuente rotación de directores, la falta de criterios técnicos claros en los nombramientos y una percepción de opacidad en la rendición de cuentas. Recuerdan que la DNI fue creada tras la desaparición del DAS con el objetivo de evitar el uso político de la inteligencia y que su misión, definida en la Ley 1621 de 2013, es proteger la seguridad nacional y el orden democrático bajo estrictos principios de legalidad.
Con base en estos argumentos, la “Fuerza Púrpura” solicitó al Gobierno nacional revisar el nombramiento y exhortó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a evaluar con rigor jurídico la demanda presentada contra esta designación. El colectivo reiteró su llamado a que los cargos estratégicos del Estado sean ocupados por personas con experiencia verificable, integridad ética y compromiso con los derechos humanos y la legalidad.
