En una ceremonia oficial celebrada en la Casa Blanca, la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz, con el objetivo de poner fin a décadas de conflicto armado en la región oriental congoleña.
El pacto, firmado por los cancilleres de ambos países, contempla el desarme, desvinculación e integración condicional de los grupos armados que operan en el este del territorio congoleño.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la firma del acuerdo como un «triunfo glorioso» y un «avance extraordinario» para la región. En este sentido, Trump afirmó que, «Hoy, la violencia y la destrucción llegan a su fin, y toda la región inicia un nuevo capítulo de esperanza y oportunidad”.
Desde el despacho presidencial de la RDC se señaló que este acuerdo representa «el logro diplomático más importante en más de 30 años» para el país. A pesar de que no se han divulgado detalles específicos del pacto, ambas partes lo presentan como un avance significativo.
En este contexto, las autoridades estadounidenses han respaldado el proceso, que también ha contado con el acompañamiento diplomático de Qatar, país que facilitó reuniones previas entre los presidentes Félix Tshisekedi y Paul Kagame en Doha.
El conflicto entre ambos países se intensificó a inicios de este año, tras el avance del grupo rebelde M23, que tomó control de extensas zonas del este del Congo, incluyendo las ciudades de Goma y Bukavu, así como aeropuertos clave.
Como resultado, miles de personas murieron y más de 800.000 civiles fueron desplazados. Ante la pérdida de territorio, el gobierno de Kinshasa solicitó el respaldo de Estados Unidos, ofreciendo a cambio acceso preferencial a recursos minerales estratégicos como el coltan, clave para la industria electrónica.
Ruanda ha negado su apoyo al grupo M23, a pesar de la existencia de múltiples reportes que indican lo contrario. Kigali argumenta que su presencia militar responde a amenazas de milicias armadas como las FDLR, conformadas principalmente por hutus implicados en el genocidio de 1994. A su vez, Ruanda acusa a la RDC de colaborar con las FDLR, algo que Kinshasa niega rotundamente.
Aunque el texto del acuerdo menciona el respeto por la integridad territorial y la prohibición de hostilidades, no especifica si habrá una retirada total de las tropas ruandesas del suelo congoleño.
El acuerdo también menciona la facilitación para el retorno de refugiados e internamente desplazados, sin embargo, aún se desconoce cómo se implementará esa medida.
Otro punto pendiente es la desmovilización efectiva del M23, cuya existencia se remonta a un fallido acuerdo de paz firmado hace 16 años. En repetidas ocasiones, diversas organizaciones internacionales han insistido en la necesidad de garantizar acceso humanitario en las zonas bajo control rebelde, así como la reapertura de los aeropuertos ocupados para facilitar la entrada de ayuda.
Previo a la firma, la vocera del gobierno ruandés, Yolande Makolo, señaló que cualquier desescalada en la frontera dependerá de la neutralización total de las FDLR. Mientras tanto, persisten interrogantes importantes sobre el cumplimiento del acuerdo, su supervisión internacional y el impacto real en la estabilidad regional.
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