Una investigación revelada por la revista Semana encendió las alarmas dentro de la Fiscalía General de la Nación tras un grave caso que expuso fallas estructurales en la implementación de la resolución 0298, firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, que transformó por completo el funcionamiento de los grupos Gaula en el país. El secuestro y asesinato del cabo del Ejército Jersey Alexánder Quintero, ocurrido el pasado 8 de noviembre en Bogotá, se convirtió en el ejemplo más doloroso de las consecuencias de esta reestructuración.
El suboficial, de 26 años, fue secuestrado cuando acudió a una falsa cita para comprar un vehículo. Los supuestos vendedores, integrantes del Tren de Aragua, lo retuvieron, lo torturaron y finalmente lo asesinaron. Su cuerpo fue abandonado en zona rural de Soacha. Sus compañeros de unidad aseguran que el cabo pudo haber sido rescatado si la Fiscalía hubiera actuado con la prontitud habitual del Gaula antes de la reforma.
La nueva directriz interna, que buscaba reorganizar las competencias de investigación de secuestro y extorsión al interior de la entidad, terminó generando un vacío operativo. El día del secuestro, los agentes del Gaula acudieron a distintas Unidades de Reacción Inmediata para obtener órdenes de allanamiento, interceptaciones y demás actos urgentes, pero se encontraron con que no había fiscales disponibles con la competencia necesaria. Las solicitudes fueron rechazadas al menos en tres ocasiones. El rescate nunca ocurrió.
Fiscales e investigadores calificaron el cambio como un “caos” que ha desbordado la capacidad de respuesta en delitos cuya inmediatez es vital. La resolución trasladó a los fiscales especializados hacia la dirección de Crimen Organizado y dispersó a los seccionales hacia áreas que no tienen relación con secuestro o extorsión, como violencia intrafamiliar o hurtos. En consecuencia, muchos procesos quedaron sin responsables claros o con fiscales saturados por cargas laborales de hasta mil expedientes.
El impacto sobre los resultados es evidente. Solo este año, el secuestro ha aumentado un 68 %, pasando de 313 casos en 2024 a 527 en lo corrido de 2025. Según cifras internas, la mayoría de estos delitos no están vinculados a GAO o GDO, como lo plantea la resolución, sino a delincuencia común, lo que ha generado aún más desconexión entre las realidades del terreno y el diseño institucional.
La Fiscalía reconoció que la muerte del cabo Quintero fue consecuencia de fallas en la transición del nuevo modelo y anunció correctivos. Se implementaron turnos de disponibilidad para atender urgencias asociadas a secuestro y extorsión. Sin embargo, fiscales y agentes advierten que el riesgo persiste y que la vida de más colombianos podría depender de devolver a funcionamiento pleno las unidades Gaula tradicionales.
Mientras continúa la polémica, la familia del cabo Quintero y sus compañeros siguen exigiendo respuestas y responsabilidades por una reestructuración que, según denuncian, se hizo sin prever los efectos sobre los casos más sensibles para la seguridad ciudadana.
