El Ministerio de Minas y Energía atraviesa una nueva reestructuración tras la solicitud de renuncia a los directores de cinco entidades adscritas, en un momento marcado por la incertidumbre energética y el debate sobre la autosuficiencia del país.
El ministro Edwin Palma pidió la dimisión de los directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (Ipse), el Servicio Geológico Colombiano y a varios asesores de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
La decisión se conoció este 27 de octubre y coincide con un escenario de riesgo de desabastecimiento, aumento en la dependencia del gas importado y las discusiones sobre nuevas tarifas de energía. En paralelo, continúa el debate sobre la suspensión de proyectos mineros y los efectos que tendría la transición energética en la economía nacional.
En la Agencia Nacional de Minería, liderada por Lina Beatriz Franco Idárraga desde junio de 2025, la solicitud de renuncia fue confirmada. La entidad venía adelantando procesos de seguimiento a títulos mineros y revisiones técnicas relacionadas con las restricciones al carbón.
En el caso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dirigida por Orlando Velandia, la situación resulta más delicada. Esta entidad ha tenido un papel central en la política energética del gobierno, en especial frente a la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y a la búsqueda de alternativas ante la disminución de reservas de gas.
El Ipse, bajo la dirección de Danny Fernando Ramírez, también fue incluido en la lista. Versiones conocidas por medios nacionales apuntan a que esta salida podría estar ligada a un plan para fusionar el Ipse con la ANH, con el fin de unificar la gestión de proyectos relacionados con la transición energética.
El Servicio Geológico Colombiano, encabezado por Julio Fierro Morales desde 2022, también enfrenta cambios. La entidad tiene responsabilidades en materia de riesgo geológico, recursos minerales y estudios ambientales.
Respecto a la Creg, el Ministerio precisó que los comisionados no fueron incluidos en el requerimiento, debido a que sus cargos tienen periodos fijos de cuatro años. Sin embargo, la medida sí cobijó a algunos asesores y funcionarios de dirección.
Desde el Ministerio de Minas y Energía se explicó que las solicitudes de renuncia son de carácter protocolario y hacen parte de los ajustes administrativos habituales. No obstante, se producen en medio de un contexto político y técnico complejo, con la cartera bajo presión por los efectos del fenómeno de El Niño y el incremento de los costos de energía.
En paralelo, el ministro Palma radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley para modificar el sistema de cobro de los servicios eléctricos. La propuesta busca aliviar el costo de la energía para los hogares de menores ingresos y fortalecer el sistema mediante incentivos a la producción con fuentes limpias.
