La Registraduría Nacional del Estado Civil avaló oficialmente el comité ciudadano que promoverá la recolección de firmas con el objetivo de impulsar una iniciativa orientada a la militarización de Bogotá. El proceso es liderado por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, quien explicó que la propuesta se sustenta en mecanismos legales y constitucionales vigentes, ante el aumento sostenido de los indicadores de inseguridad en la capital del país.
Con el aval de la Registraduría, el comité quedó habilitado para iniciar la recolección de 31.096 firmas válidas, requisito necesario para avanzar en este tipo de iniciativas ciudadanas. De acuerdo con Uscátegui, la propuesta se fundamenta en la Ley 1801 de 2016, específicamente en el artículo 170, que contempla la figura de la asistencia militar cuando las condiciones de seguridad se desbordan y superan la capacidad operativa de la Policía Nacional.
El congresista aclaró que la militarización no se plantea como una medida arbitraria ni permanente, sino como un mecanismo excepcional previsto por la ley para apoyar a las autoridades civiles en situaciones críticas de orden público. En ese sentido, señaló que el paso siguiente, en caso de prosperar la iniciativa, sería una solicitud formal por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al presidente de la República, quien es el único facultado constitucionalmente para autorizar este tipo de asistencia.
Uscátegui insistió en que el debate debe darse dentro del marco institucional y con base en la realidad que vive la ciudad. Según afirmó, las cifras de criminalidad en Bogotá muestran un deterioro preocupante, con incrementos en delitos como homicidios, atracos a mano armada, lesiones personales, hurto a viviendas, asaltos a comercios y restaurantes, así como robo de automóviles. Estos indicadores, sostuvo, reflejan una situación que afecta de manera directa la seguridad y la percepción de tranquilidad de los ciudadanos.
El representante también recalcó que la iniciativa no busca sustituir a la Policía ni desconocer la autoridad civil, sino reforzar la capacidad del Estado para responder a escenarios de alta complejidad. En su criterio, la asistencia militar podría contribuir a tareas de control, vigilancia y disuasión en puntos críticos de la ciudad, siempre bajo coordinación con las autoridades locales y nacionales.
Desde distintos sectores, el aval de la Registraduría ha reactivado el debate sobre el alcance y los límites de la militarización en contextos urbanos. Mientras algunos consideran que se trata de una herramienta legítima frente a la crisis de seguridad, otros advierten sobre la necesidad de evaluar cuidadosamente sus implicaciones.
Por ahora, el proceso avanza en su fase inicial con la recolección de firmas, que será clave para determinar si la propuesta logra el respaldo ciudadano suficiente para continuar su trámite. La discusión, en todo caso, ya se instaló en la agenda pública de Bogotá.
