El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que la entidad ha identificado presencia e influencia de grupos armados ilegales en 312 municipios del país de cara al calendario electoral de 2026.
Según explicó, los análisis realizados por la organización electoral indican que en cerca del 40% de esos territorios existiría un interés de esas estructuras por incidir en procesos políticos y electorales.
Penagos señaló que la advertencia se desprende de revisiones adelantadas junto con otras entidades del Estado y que el fenómeno está relacionado con la fragmentación de organizaciones armadas en distintas regiones. Indicó que este escenario obliga a encender alertas institucionales sobre la forma en que la violencia puede afectar el ejercicio del voto en determinadas zonas del país.
Durante su pronunciamiento, el Registrador expuso que existen municipios donde la incidencia de la violencia se ha traducido en menor participación electoral, situación que asoció a factores de seguridad. Sin embargo, también mencionó que se han detectado territorios, especialmente en el noroccidente del país, donde coinciden altos niveles de violencia con registros elevados de participación.
De acuerdo con Penagos, esa combinación podría indicar riesgos de instrumentalización del voto o presiones sobre los electores, asuntos que, afirmó, deben ser advertidos en los espacios de coordinación institucional.
El funcionario también se refirió al anuncio de un cabecilla de disidencias armadas que manifestó intención de interferir en las próximas elecciones. Penagos calificó ese hecho como un elemento que incrementa la preocupación de las autoridades electorales y confirmó que ya se activaron canales de articulación con organismos de control y fuerzas de seguridad.
En ese contexto, anunció la realización de reuniones con la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar con el fin de revisar y ajustar el denominado Plan Democracia, estrategia que busca garantizar condiciones de orden público durante las jornadas electorales. El objetivo, según explicó, es asegurar que la ciudadanía pueda acudir a las urnas sin restricciones y con garantías en todo el territorio nacional, tanto en las elecciones legislativas previstas para marzo como en los comicios presidenciales.
Penagos sostuvo que la identificación temprana de riesgos permite diseñar respuestas institucionales coordinadas y focalizadas por región. Añadió que la información recopilada proviene de estudios en los que han participado autoridades civiles y fuerza pública, y que los hallazgos serán compartidos en las instancias encargadas de la vigilancia electoral.
La Registraduría continuará el seguimiento a las condiciones de seguridad en los municipios señalados y mantendrá coordinación con entidades del orden nacional para adoptar medidas preventivas. El registrador insistió en que la prioridad es preservar la libertad del sufragio y evitar cualquier forma de presión o interferencia armada en el proceso electoral.
