La Corte Constitucional decidió devolver a la Cámara de Representantes el articulado de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, tras hallar vicios en su trámite legislativo.
La corporación estableció un plazo de 30 días hábiles para que la Plenaria de la Cámara subsane las irregularidades señaladas, tiempo que comenzará a contarse únicamente cuando el Congreso esté en sesiones ordinarias o extraordinarias.
En su pronunciamiento, la Corte precisó que la entrada en vigencia de la reforma queda suspendida hasta tanto se verifique que los vicios han sido corregidos. No obstante, se exceptúan de esta suspensión los artículos 12 y 76, que mantendrán su aplicación mientras se surte el procedimiento requerido.
La decisión fue adoptada de manera unánime por los nueve magistrados que integran la Sala Plena. Según el alto tribunal, uno de los principales reparos recae en que la Cámara no discutió ni votó el articulado, sino que lo aprobó en bloque en los mismos términos en que fue enviado por el Senado.
La Corte instó a la Cámara a someter nuevamente a discusión y votación la proposición sustitutiva presentada durante la sesión ordinaria del 14 de junio de 2024 por los representantes María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros, en la cual se propuso acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado y registrado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024.
El alto tribunal también aclaró que el plazo otorgado no contempla el eventual trámite de conciliación entre ambas cámaras, en caso de que surjan discrepancias durante el nuevo debate. Una vez la Sala Plena verifique que se ha corregido el procedimiento, el Congreso podrá definir una nueva fecha para la entrada en vigencia plena de la reforma.
