La reforma pensional aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 28 de junio vuelve a estar bajo cuestionamiento, según la denuncia de la representante Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la corporación.
El Congreso habría sido convocado a sesiones extraordinarias para votar la iniciativa con base en un auto de la Corte Constitucional que, para el momento de la convocatoria, no estaba firmado por los magistrados ni tenía validez oficial.
El señalamiento se refiere al Auto 841 de 2025, documento mediante el cual la Corte Constitucional advirtió inicialmente vicios en el trámite legislativo de la reforma. Sin embargo, la respuesta oficial del alto tribunal a Garrido, fechada el 7 de julio, indica que dicho auto aún se encontraba “en trámite de documentación y recolección de firmas”. A pesar de ello, el Gobierno y la presidencia de la Cámara habrían procedido con la sesión basándose únicamente en un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Corte.
“A la Cámara de Representantes solo enviaron el 20 de junio el oficio CP-041 del 27. Nunca mandaron el CP-040, como quedó registrado en la Plenaria”, expuso la congresista de Cambio Radical. Añadió que “sin firma del auto, la decisión y la actuación de la Corte no están legalizadas”, recordando además que los comunicados no son vinculantes según antecedentes jurisprudenciales de 2013 y 2023.
La controversia se intensificó cuando Garrido publicó la respuesta oficial de la Corte, donde se confirma que el Auto 841 no ha sido formalmente emitido. En sus palabras, “convocaron a la Cámara de Representantes a sesiones extraordinarias por medio de un decreto presidencial y una decisión del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, soportada en un comunicado que muestra el resuelve de un auto que no ha sido firmado”.
La congresista también afirmó que este procedimiento no puede considerarse válido, ya que fue sustentado “única y exclusivamente con lo que escribió la jefe de comunicaciones de la Corte Constitucional”, y agregó que esta situación se presenta con conocimiento y de forma reiterada.
Por su parte, la representante Juana Carolina Londoño, del Partido Conservador, también advirtió inconsistencias en el trámite. Señaló que el 27 de junio, día en que debía aprobarse el orden del día para la discusión de la reforma, no se alcanzó el cuórum necesario. Aun así, al día siguiente se debatió y aprobó el proyecto. “No podía haberse hecho el anuncio por parte del presidente de la Cámara, lo que podría generar un vicio de procedimiento”, manifestó.
Londoño sostuvo que, aunque la reforma contiene disposiciones que beneficiarían a determinados sectores, el procedimiento empleado para su aprobación compromete la legalidad del acto legislativo.
La situación ha generado interrogantes en distintos sectores del Congreso respecto a si este nuevo trámite tendría que ser invalidado, o si será considerado subsanable por la propia Corte Constitucional.
El debate se mantiene abierto mientras se espera que la Corte Constitucional defina si el proceso cumplió con los requisitos mínimos exigidos para corregir los vicios previos, o si, por el contrario, tendrá que regresar al Congreso para un nuevo debate en condiciones ajustadas al marco legal.
