El Congreso de México aprobó una reforma que modifica la estructura arancelaria del país e impone tarifas de entre 5% y 50% a más de 1.400 productos procedentes de economías asiáticas sin tratados de libre comercio con México.
La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, abarca 1.463 fracciones arancelarias y cubre sectores como autopartes, automóviles, textiles, siderurgia, plásticos, juguetes, electrodomésticos y muebles, entre otros. El volumen de bienes alcanzados por los nuevos gravámenes representa cerca de 52.000 millones de dólares en importaciones, equivalentes a aproximadamente el 8,6% del total anual del país.
El trámite legislativo avanzó de manera acelerada. La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto y, días después, el Senado lo aprobó con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones provenientes, en su mayoría, de bancadas del PAN, PRI y el Partido del Trabajo. Con este aval, la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación quedó lista para pasar a su fase de promulgación y posterior reglamentación.
El Gobierno mexicano sostiene que la decisión busca ajustar distorsiones comerciales, enfrentar prácticas consideradas desleales y reducir la dependencia creciente de insumos asiáticos.
Voceros del oficialismo han señalado que el déficit comercial con China supera los 120.000 millones de dólares, un monto que ha aumentado de manera progresiva durante las últimas décadas. La administración de Claudia Sheinbaum también ha afirmado que la reforma ofrece instrumentos adicionales para regular las importaciones provenientes de países sin acuerdos comerciales vigentes, lo que permitiría gestionar el abastecimiento y evitar desajustes en sectores productivos.
Además de los efectos sobre el comercio exterior, la modificación arancelaria podría incrementar la recaudación en un contexto de desaceleración económica, dado que 316 de las fracciones incluidas no estaban sujetas a tarifas antes de la reforma. El resto ya tenía gravámenes previos, con tasas del 10% y 35% en distintos segmentos.
La reacción internacional no se hizo esperar. China manifestó expectativas de que México revise la decisión y la calificó como una práctica de unilateralismo y proteccionismo. También recordó que se mantiene abierta una investigación sobre posibles barreras comerciales mexicanas.
Corea del Sur indicó que analizará alternativas de respuesta junto con el sector privado y que evaluará el impacto que los nuevos aranceles podrían tener en su industria exportadora.
En el ámbito interno, sectores de oposición han advertido sobre posibles incrementos de precios y afectaciones a la producción nacional, especialmente en industrias que dependen de insumos importados desde Asia. Voceros empresariales y legisladores han señalado que la medida podría encarecer componentes esenciales en cadenas productivas con amplia presencia en el país, como las de automóviles, electrodomésticos y juguetes.
Con la aprobación legislativa, la reforma pasa ahora al proceso de promulgación, etapa en la que el Ejecutivo deberá definir los lineamientos finales para su aplicación en 2026.
