La Red PRO emitió un llamado urgente ante lo que describe como un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en varias regiones del país. La organización señaló un escenario de creciente vulnerabilidad que afecta la tranquilidad de las comunidades y limita el desarrollo de actividades productivas, sociales y territoriales. Según su análisis, la situación requiere acciones urgentes, decididas y coordinadas para restablecer la confianza y fortalecer la protección ciudadana.
En su pronunciamiento, la Red PRO resaltó que la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas electorales en 649 municipios de los 1.103 existentes en Colombia. Esto indica que más del 54 % de los municipios presentan algún nivel de riesgo asociado a la presencia de grupos armados, el reclutamiento forzado y otras formas de violencia, factores que, según la organización, afectan la integridad de los procesos democráticos.
El comunicado también hace referencia a cifras de la Fuerza Pública, según las cuales los integrantes de grupos armados en el país superan las 25.000 personas, lo que representa un incremento cercano al 15 % frente al año anterior. La Red PRO indicó que estas cifras evidencian que las organizaciones ilegales continúan fortaleciendo su capacidad armada y sus redes de apoyo logístico y financiero, manteniendo la disputa con el Estado por el control de la vida cotidiana en distintas zonas del territorio nacional.
La organización describió el impacto de esta situación en regiones como el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC mantienen a la población civil en riesgo. En el Bajo Cauca, la disputa entre grupos armados ha incrementado la violencia y restringido la movilidad. En Arauca, la Red PRO mencionó el atentado contra el gobernador Renson Martínez y el ataque reciente contra el alcalde de Calamar como ejemplo del nivel de amenaza que enfrentan las autoridades locales. En el suroccidente —Cauca, Nariño y Valle del Cauca— la presencia de múltiples actores armados ha generado escenarios de violencia, confinamiento y desplazamiento. A estos hechos se suman episodios recientes en Cali, Medellín y Tunja, que reflejan una escalada de criminalidad en zonas urbanas.
El pronunciamiento señala que, “pese a la magnitud de estos hechos que se extienden a lo largo y ancho del país, la respuesta estatal continúa siendo en gran medida reactiva y no se percibe aún una estrategia integral y sostenida de contención y prevención”. La Red PRO aseguró que las capacidades locales están superadas, lo que demanda una acción conjunta entre diferentes niveles institucionales.
En este contexto, la organización afirmó que es necesario evitar que la situación se normalice y que la ciudadanía se vea obligada a adaptarse a los actuales niveles de violencia. Por esta razón, indicó que “desde las 12 regiones que representa la Red PRO hacemos un firme llamado a fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales para avanzar hacia una estrategia integral de seguridad y convivencia”. Añadió que dicha estrategia debe integrar componentes de control territorial, prevención social y fortalecimiento institucional.
El comunicado concluye señalando que solo mediante una acción conjunta, sostenida y basada en información territorial será posible frenar las tendencias de deterioro y recuperar la confianza ciudadana en las capacidades del Estado para garantizar la vida, la integridad y los derechos de la población en todas las regiones del país.
