Una solicitud de recusación fue presentada ante la Corte Constitucional para apartar al recién electo magistrado Héctor Alfonso Carvajal Giraldo del estudio sobre la constitucionalidad de la reforma pensional. El motivo principal: su estrecha relación con el presidente Gustavo Petro, a quien representa como abogado defensor en una investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre presunta financiación irregular durante la campaña presidencial de 2022.
Carvajal fue elegido magistrado del alto tribunal con 66 votos en el Senado, en medio de cuestionamientos por su cercanía con el mandatario. Aunque aún no ha tomado posesión del cargo, su nombramiento generó alarma en sectores políticos que consideran que esa relación podría comprometer su independencia en decisiones que involucren al Ejecutivo.
La solicitud de recusación apunta a impedir que Carvajal intervenga en la discusión de la Ley 2381 de 2024, que contiene la reforma pensional impulsada por el Gobierno y recientemente aprobada por el Congreso. La demanda contra esta norma fue interpuesta por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien cuestiona la legalidad del trámite legislativo, especialmente en la Cámara de Representantes.
El escrito presentado a la Corte señala varias causales que, según los peticionarios, justificarían la recusación: la existencia de un interés directo en la decisión, la posible opinión previa sobre la norma demandada y el vínculo de confianza con el jefe del Ejecutivo, promotor de la reforma.
“El permitir la participación del doctor Carvajal en el análisis de la demanda vulneraría el principio de imparcialidad judicial y el derecho al debido proceso de las partes involucradas y de la ciudadanía”, señala el documento. Además, se insiste en que la legitimidad del fallo depende de la garantía de un juez sin vínculos que puedan generar conflictos de interés.
En la petición se solicita expresamente que el magistrado sea apartado de cualquier actuación dentro del expediente, incluyendo la elaboración de ponencias, deliberaciones y votaciones. De aceptarse, Carvajal no podría intervenir en el análisis constitucional del artículo 75 de la Ley 2381, corazón de la reforma pensional.
El caso ahora está en manos del magistrado Jorge Ibáñez, quien deberá analizar la validez de la recusación y su impacto en el desarrollo del proceso judicial.
