La reducción de 30.000 millones de pesos en el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha generado controversia en Bogotá.
De acuerdo con denuncias presentadas por el concejal Óscar Vahos, la disminución de recursos impacta directamente los jardines infantiles cofinanciados por el Estado y amenaza la continuidad del programa de madres comunitarias, que atiende a niños en situación de vulnerabilidad.
Según Vahos, el recorte implica una afectación directa a más de 10.000 menores que quedarán por fuera de los servicios de cuidado, nutrición y educación. El cabildante sostuvo que, además de comprometer la atención a la primera infancia, la decisión agrava los problemas de contratación, atrasos en los pagos y condiciones laborales precarias de las madres comunitarias. En sus declaraciones, pidió una investigación disciplinaria a la directora del ICBF, Astrid Cáceres, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de los recursos.
La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, también se pronunció sobre la situación. Indicó que la reducción presupuestal provocó la terminación de convenios entre el ICBF y la Secretaría Distrital de Integración Social, dejando sin atención a miles de menores en la capital. Señaló que esta afectación coincide con un momento clave del desarrollo infantil, en el cual la atención integral resulta determinante.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó en declaraciones recientes que el distrito asumirá con recursos propios el déficit generado por la decisión del ICBF. Sin embargo, informó que el ajuste presupuestal obligará a modificar los planes de expansión de cobertura previstos para este año. Según lo planteado inicialmente, la meta era aumentar los cupos de atención de 135.000 a 165.000, pero con la reasignación de recursos se buscará mantener el nivel actual de cobertura.
Desde el Gobierno nacional, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, defendió la decisión presupuestal argumentando que responde a una estrategia de redistribución para priorizar regiones históricamente desatendidas como Chocó, Cauca, Vichada y La Guajira. Según Cáceres, Bogotá tiene capacidad institucional para asumir parte de la atención a la primera infancia, lo que permitió destinar recursos a otros territorios. A través de su cuenta de X, indicó que no se eliminaron cupos, sino que se ajustó el porcentaje de cofinanciación.
Vahos, dio a conocer documentos oficiales que evidenciarían la reducción en los aportes del ICBF a los jardines infantiles cofinanciados. En 2024, el presupuesto fue de 58.000 millones de pesos; en 2025, la cifra se redujo a 30.000 millones.
El concejal advirtió que continuará promoviendo acciones legales ante los órganos de control, con el fin de evitar que se desfinancien los programas de atención a la primera infancia en la capital.
