MinDefensa ofrece hasta $1.000 millones por información que permita evitar asesinatos de líderes sociales y políticos: el Estado busca anticiparse a los atentados
En un anuncio sin precedentes, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ofreció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información “veraz, precisa y oportuna” que permita anticipar y evitar atentados contra líderes sociales, políticos y comunitarios en Colombia. La medida fue presentada como parte de una estrategia nacional para proteger la democracia y frenar la ola de violencia que ha cobrado la vida de decenas de defensores en los últimos años.
El anuncio se dio tras la denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reportó haber sido víctima de intimidaciones mediante el uso de drones y vehículos sospechosos rondando su residencia. Benedetti calificó el hecho como una amenaza directa contra su vida y la de su familia, lo que encendió las alarmas en el alto gobierno.
En respuesta, el ministro Sánchez aseguró que “protegeremos la vida de cada colombiano y la de sus dirigentes sin distinción alguna”, y que atentar contra un líder social o político es un ataque directo a la democracia y al Estado Social de Derecho.
La recompensa será entregada a quienes suministren información que permita anticipar amenazas, identificar a los autores intelectuales o materiales de posibles atentados, y evitar que se concreten acciones violentas. Las denuncias podrán hacerse de forma anónima y con absoluta reserva, a través de las líneas gratuitas 107, 123, 147 y 163.
El Ministerio de Defensa también ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional fortalecer sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia, incluyendo articulación con agencias internacionales, para garantizar un entorno seguro para los líderes sociales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han recibido el anuncio con cautela. Aunque celebran el esfuerzo por prevenir asesinatos, advierten que la impunidad y la falta de protección estructural siguen siendo los principales obstáculos. En departamentos como Antioquia, más de 70 líderes han sido asesinados en los últimos dos años, según la Fundación Sumapaz.
La Corte Constitucional, por su parte, ha declarado un Estado de Cosas Inconstitucional por la persistente violación de derechos fundamentales de esta población, y ha exigido al Gobierno una política clara, articulada y con enfoque diferencial para garantizar su seguridad.
El ministro Sánchez hizo un llamado a los colombianos: “Una sola llamada puede salvar muchas vidas. La vida y la dignidad no se amenazan, se protegen”. Con esta recompensa, el Gobierno busca involucrar a la sociedad civil en la defensa de quienes trabajan por la paz, la justicia y los derechos humanos.
