Human Rights Watch denunció que el reclutamiento y uso de niños soldados por parte del ejército de Myanmar se ha incrementado considerablemente desde el golpe de Estado de 2021. La organización señaló que este aumento incluye un número significativo de menores reclutados tras la entrada en vigor de la ley de conscripción obligatoria, en febrero de 2024.
El 19 de junio de 2025, el Secretario General de las Naciones Unidas informó que, durante el año 2024, la ONU verificó 2.138 violaciones graves contra niños en el contexto del conflicto armado en Myanmar, incluyendo casos de reclutamiento forzado. Además, hay aproximadamente 1.200 casos adicionales que aún están en proceso de verificación.
En este sentido, desde el golpe, las Naciones Unidas han confirmado más de 1.800 casos de reclutamiento de niños, algunos de apenas 12 años, por parte de la junta militar y fuerzas asociadas. Sin embargo, los mecanismos de verificación enfrentan desafíos considerables debido al temor de represalias y a las limitaciones en el monitoreo en el terreno, lo que indica que la cifra real podría ser mucho mayor.
Según Human Rights Watch, niños han sido utilizados como combatientes, guías, cargadores y, en algunos casos, como escudos humanos. La organización también señaló que los reclutadores militares han secuestrado menores en situación de desplazamiento, trabajo informal o sin acompañamiento adulto, muchas veces ignorando o falsificando sus edades. Algunos fueron enviados a entrenamientos militares y desplegados en frentes de combate.
El Instituto de Defensa y Seguridad de Myanmar, conformado por exmilitares desertores, indicó que la presión por cumplir cuotas de reclutamiento ha derivado en un aumento del uso de menores desde la séptima ronda de conscripción. Hasta la fecha, se estima que se han reclutado 14 grupos de 5.000 personas, lo que representaría un total aproximado de 70.000 nuevos conscriptos desde abril.
Las comunidades más afectadas incluyen poblaciones urbanas pobres, personas desplazadas, ciudadanos sin documentación y minorías étnicas y religiosas como los musulmanes rohingya, quienes legalmente no pueden ser reclutados debido a su estatus de apatridia, pero han sido forzados a integrarse a las filas del ejército.
En paralelo, la ONU ha documentado casos similares en siete grupos armados no estatales que también reclutan menores, incluidos aquellos que combaten contra la junta. Aunque algunos jóvenes se han unido voluntariamente a fuerzas opositoras, los organismos internacionales reiteran que el uso de niños en conflictos armados está prohibido por el derecho internacional.
En 2012, Myanmar firmó un plan de acción con la ONU para terminar con el reclutamiento de menores, y en 2019 ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, estableciendo los 18 años como edad mínima para su vinculación a cualquier hostilidad. También ha respaldado los Principios de París, que prohíben su uso como cocineros, mensajeros, porteadores o con fines sexuales. No obstante, en marzo de 2025, la ONU denunció que aún persisten estas prácticas.
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