La decisión de la Fiscalía General de la Nación de retirar la solicitud de audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, provocó una cadena de reacciones en distintos sectores políticos, luego de que el ente acusador anunciara y posteriormente reversara el avance del proceso penal en su contra.
El cambio de postura se conoció en la noche del pasado lunes 19 de enero y estuvo relacionado con la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025.
La imputación había sido solicitada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá, bajo el presunto delito de prevaricato por omisión. El fundamento del proceso apuntaba a eventuales fallas en el esquema de seguridad asignado al dirigente político, responsabilidad que recaía en la UNP.
Sin embargo, pocas horas después de que se hiciera pública la intención de imputar cargos, la Fiscalía decidió retirar la solicitud, sin que hasta ahora se haya informado una explicación de fondo sobre el giro adoptado.
Tras conocerse el repliegue del ente investigador, dirigentes políticos y figuras públicas expresaron cuestionamientos sobre el procedimiento. El concejal de Bogotá Daniel Briceño señaló directamente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por lo que calificó como una actuación contradictoria. En sus redes sociales afirmó que primero se anunció la imputación y luego se desmontó la decisión, lo que, a su juicio, deja interrogantes sobre la independencia de la Fiscalía en este caso.
En la misma línea se pronunció el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, hoy aspirante al Senado, quien sugirió una relación jerárquica entre el director de la UNP y la fiscal general, planteando dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Por su parte, el exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios calificó el retiro de la imputación como un hecho “extraño” y sostuvo que el país continúa a la espera de respuestas claras frente a lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay.
Ariel Ricardo Armel, director de la Fundación LibreMente, también reaccionó al cambio de decisión y cuestionó tanto al Gobierno como a la Fiscalía por dar marcha atrás en la imputación. En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que el retiro del proceso genera inquietudes sobre la actuación institucional frente al caso.
Desde el Congreso, el representante a la Cámara Juan Fernando Espinal afirmó que la justicia debe avanzar y que la seguridad de los sectores de oposición ha sido afectada. En su pronunciamiento señaló que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar sin esclarecimiento.
A su vez, la senadora María Fernanda Cabal indicó que espera que el proceso contra el director de la UNP no se convierta en un elemento que desvíe la atención sobre las responsabilidades de fondo en el crimen.
El exministro Luis Felipe Henao también intervino en el debate público y sostuvo que el homicidio del senador fue consecuencia de una omisión del Estado en materia de protección, además de otros factores que, según indicó, deben ser examinados por las autoridades competentes.
Mientras tanto, el retiro de la imputación mantiene abierta la controversia sobre el curso de la investigación y el rol de las entidades encargadas de garantizar la seguridad de los dirigentes políticos.
El caso sigue bajo observación pública, en medio de exigencias de sectores políticos y ciudadanos para que la Fiscalía defina con claridad los alcances del proceso, precise las razones que llevaron a desistir de la audiencia anunciada y determine las eventuales responsabilidades que se deriven de las decisiones adoptadas antes y después del ataque contra Miguel Uribe Turbay.
