El exdirector del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, se presentó de manera virtual a la audiencia de imputación de cargos desde un lugar indeterminado, luego de haberse conocido que el exfuncionario había salido del país.
La audiencia, en la que la Fiscalía le imputó cargos por cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, está relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Aunque la audiencia había comenzado minutos antes, González se conectó posteriormente y, al dirigirse al juzgado, explicó: “Honorable magistrado, muy buenos días, buenos días para todos. Tenía problemas de entrada”.
En cuanto a las imputaciones, Carlos Ramón González se declaró inocente, calificando las acusaciones como “calumnias sin fundamento”. La Fiscalía presentó pruebas concretas sobre una reunión en un lujoso apartamento de propiedad del exfuncionario, en la que González habría discutido con Olmedo López, Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla.
De acuerdo con la Fiscalía, en ese encuentro se acordó la entrega de $3.000 millones y $1.000 millones respectivamente, debido a retrasos en la asignación de contratos que debían ser direccionados por Iván Name y Andrés Calle. Según el escrito de imputación, estos contratos, por un valor de 60.000 millones de pesos, estarían a favor de Iván Leonidas Name Vásquez, presidente del Senado en ese momento, y otros más de 10.000 millones de pesos para David Calle Aguas, presidente de la Cámara de Representantes.
Además, la Fiscalía detalló que, en la reunión, Olmedo López informó a González que ya se habían entregado los dineros a los congresistas, y le solicitó al exfuncionario que facilitara el regreso de López a la dirección de la UNGRD, tras haber sido suspendido por la Contraloría General de la República.
Gabriel Sandoval, Fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, increpó a González sobre la gravedad de los cargos, destacando la importancia de su posición en el alto gobierno y su cercanía con el presidente Gustavo Petro.
Por su parte, la defensa de Carlos Ramón González presentó dudas sobre la legalidad de algunas pruebas. “Mantenemos nuestra objeción respecto a la legalidad de ciertas actuaciones del proceso. En particular, cuestionamos la validez del informe relacionado con las empresas de telefonía, ya que los documentos eran ilegibles y no explicaban con claridad el procedimiento ni la información obtenida”, argumentó su abogado, refiriéndose a las interceptaciones telefónicas realizadas de manera legal, donde se ubicó a González en los lugares señalados por otros implicados en el proceso, a través de geolocalización.
La Fiscalía, por su parte, sostuvo que Carlos Ramón González actuó de manera libre, consciente y voluntaria, sin coacción alguna, buscando “prevalecer los intereses económicos, particulares y personales sobre el interés general”.
En testimonios presentados, Sandra Ortiz calificó a González como el “cerebro” de la trama de corrupción, afirmando que todas sus acciones fueron realizadas bajo órdenes directas del exfuncionario.
El ente acusador solicitó una medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, aunque la decisión fue aplazada hasta el 6 de junio debido a una situación familiar que afectó a uno de los miembros del tribunal.
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