El representante a la Cámara por el departamento del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley estatutaria que busca establecer límites a los derechos fundamentales de reunión, manifestación y protesta pública sobre vías. La iniciativa cuenta con el respaldo de congresistas de Cambio Radical y otras colectividades.
Según explicó Campo, el objetivo del proyecto es armonizar el derecho a la protesta con los derechos de millones de ciudadanos que se ven directamente afectados por los bloqueos prolongados e indiscriminados en las vías del país. “El ejercicio de un derecho sin límites se convierte en una negación de los derechos de los demás”, señaló el congresista.
Durante la presentación del proyecto, la representante por Bogotá, Carolina Arbeláez, indicó que “no se busca restringir el derecho a la protesta, sino establecer unos límites razonables, donde haya un equilibrio entre quienes desean manifestarse pacíficamente y quienes necesitan movilizarse por las vías”.
De acuerdo con cifras presentadas en el marco de la radicación, entre 2023 y 2025 se registraron más de 1.900 bloqueos en vías, generando pérdidas superiores a los 1.6 billones de pesos en el suroccidente del país. Solo en el primer semestre de 2025, según Colfecar, se reportaron más de 400 bloqueos en vías nacionales, afectando 23 departamentos, con pérdidas superiores a 1.4 billones de pesos.
El representante Christian Garcés, del Valle del Cauca, advirtió sobre el impacto de estas protestas en la economía y otros derechos fundamentales: “Que el derecho a la protesta no nos genere mayor pobreza, mayor pérdida de empresas, mayores tragedias en la salud y otros derechos como el derecho al trabajo”.
La iniciativa también fue respaldada por el representante Juan Daniel Peñuela, quien recordó que departamentos como Cauca y Nariño tienen pocas vías de conectividad, y los bloqueos dejan a estas regiones completamente incomunicadas. “Una protesta no puede poner en riesgo derechos fundamentales”, afirmó.
El proyecto contempla, entre otros puntos, el reconocimiento de la protesta pacífica como derecho fundamental; la imposición de límites cuando esta afecte servicios esenciales de terceros; la regulación del uso de la fuerza pública con énfasis en el diálogo previo obligatorio; y la creación de mecanismos como una Comisión de Diálogo y Mediación, y el fortalecimiento del Puesto de Mando Unificado para evitar el escalamiento de los conflictos sociales.
El representante Julio César Triana, del Huila, afirmó que el proyecto le genera al Estado obligaciones claras frente a las personas que protestan: “Genera mesas de concertación para que estas protestas no terminen siendo infinitas”.
Finalmente, el representante Gersel Pérez, del Atlántico, hizo un llamado a la Comisión Primera para avanzar con la discusión de la propuesta: “Esperamos que esta regulación que el país con urgencia necesita sea tramitada con celeridad”.
La iniciativa fue respaldada por los representantes Juan Daniel Peñuela, Christian Garcés, Betsy Judith Pérez, Jaime Rodríguez, Jairo Humberto Cristo, Carolina Arbeláez, Lina María Garrido, Hernando González, John Edgar Pérez, Julio César Triana, Gersel Pérez y el senador Carlos Abraham Jiménez López.
