Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda de nulidad electoral contra el nombramiento de Eduardo Montealegre Lynett como Ministro de Justicia y del Derecho, cargo que ocupa tras haber sido designado mediante el Decreto 647 de 2025, suscrito por el presidente Gustavo Petro.
El recurso legal alega que la designación incumple lo dispuesto en la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de Cuotas, modificada por la Ley 2424 de 2024, que exige una participación mínima del 50% de mujeres en los cargos del máximo nivel decisorio del sector público, incluida la composición del gabinete ministerial.
Según la demanda, el nombramiento de Montealegre genera un retroceso en el cumplimiento de dicha norma, al reducir a 9 el número de mujeres al frente de ministerios, dentro de un total de 19 carteras. Esta cifra representa el 47,4% del gabinete ministerial, lo que ubicaría al Ejecutivo por debajo del umbral exigido por la ley.
“El acto administrativo de nombramiento implica una omisión grave a una obligación legal vigente que busca garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder público”, sostiene el documento radicado ante la alta corte.
El accionante también solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del nombramiento de Montealegre, bajo el argumento de que se configura una infracción directa a normas constitucionales como los artículos 13, 40, 43 y 209 de la Constitución Política, así como a principios jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en torno al cumplimiento inmediato de las normas sobre equidad de género, sin que sea necesaria una reglamentación adicional.
“La participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones del Estado es una obligación inmediata y no una meta programática”, expresó el demandante en el expediente.
Además, se citan pronunciamientos judiciales que han establecido que la aplicación del porcentaje mínimo debe hacerse de manera específica por categoría de cargo y que, en caso de fracciones, debe redondearse hacia el número entero superior.
El Consejo de Estado tendrá que analizar si admite la demanda para su estudio y, en caso afirmativo, evaluar la legalidad del acto administrativo de nombramiento y la procedencia de la suspensión provisional solicitada. Por el momento, Eduardo Montealegre continúa ejerciendo funciones como jefe de la cartera de Justicia.
