El reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre la inclusión del presidente Gustavo Petro, su familia y allegados, entre ellos Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, en la llamada lista Clinton, ha generado un fuerte impacto político, diplomático y económico en Colombia.
La confirmación pública del propio presidente estadounidense, Donald Trump, y la ausencia de un pronunciamiento oficial de Washington con detalles técnicos, mantienen al país en medio de la incertidumbre.
Para dar mayor claridad, la denominada lista Clinton hace referencia a las sanciones económicas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Esta oficina gestiona varios listados, siendo el más importante el de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas (SDN), que incluye individuos o entidades vinculados con narcotráfico, terrorismo, corrupción o violaciones a derechos humanos.
Su origen se remonta a la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act de 1999, una ley que permite al Ejecutivo estadounidense sancionar a personas o redes asociadas con el tráfico internacional de drogas. La inclusión en esta lista implica medidas de congelamiento de activos, restricciones financieras, prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses y limitaciones de visado.
Aunque en el lenguaje público los términos lista Clinton, lista OFAC o lista Kingpin se usan indistintamente, el efecto jurídico real proviene de una designación oficial por parte de la OFAC o bajo la Kingpin Act.
Dada la gravedad de estar en dicha lista, las consecuencias de ser incluido en ella son de amplio alcance, puesto que, en primer lugar, se congelarían los activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense, tambipen se prohibiría cualquier tipo de transacción o negocio con instituciones financieras de ese país. Esto suele extenderse a bancos de Europa y América Latina, debido al control global del dólar y a las normas internacionales.
En segundo lugar, también se generarían restricciones migratorias, ya que el Departamento de Estado puede imponer limitaciones de ingreso a personas vinculadas a actividades ilícitas. En la práctica, los efectos de la lista Clinton van más allá del ámbito de lo económico, pues bloquea el acceso al sistema financiero global y aíslan políticamente a los señalados.
En respuesta a la inclusión en esta lista, el presidente Petro designó al abogado estadounidense Dan Kovalik para asumir su defensa y gestionar los recursos legales ante las autoridades norteamericanas.
Ya que, según el marco jurídico estadounidense, los afectados pueden solicitar revisiones administrativas o impugnar la designación ante tribunales federales, presentando pruebas y descargos.
Sin embargo, hay que decir, que la inclusión de un presidente en ejercicio en una lista de sanciones de la OFAC es un hecho inédito en la historia reciente de América Latina, y que de confirmarse oficialmente, podría tener consecuencias serias para la economía colombiana, donde se abarcan: la pérdida de confianza de inversionistas, las restricciones en flujos financieros internacionales y mayores tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
