El debate sobre la regla fiscal ha vuelto al centro de la discusión en el país tras conocerse la posibilidad de que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, decida suspender temporalmente su aplicación, en medio de un contexto fiscal complejo y con crecientes cuestionamientos de distintos sectores.
La regla fiscal es una norma que establece límites al gasto y al endeudamiento del Estado. Fue implementada en Colombia desde 2011 y reformada en 2021, cuando se adoptó un sistema técnico de evaluación basado en el indicador conocido como balance primario neto estructural (BPNE), que compara los ingresos y gastos del Estado descontando factores temporales o extraordinarios.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana explicó que esta medida busca evitar que el Gobierno comprometa recursos por encima de su capacidad de pago. Bajo esta regla, cuando la deuda pública se encuentra en niveles elevados, el Estado debe aumentar el superávit primario para estabilizar las finanzas. Los límites actuales fijan el tope máximo de deuda en 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y un nivel prudente de 55%.
El régimen de transición adoptado en la reforma de 2021 establece metas graduales para el BPNE: -4,7% en 2022, -1,4% en 2023, -0,2% en 2024 y 0,5% en 2025. Estos porcentajes indican que, según la meta establecida, los ingresos pueden estar por debajo de los gastos en ciertos años, pero deben superarlos progresivamente hasta alcanzar el equilibrio.
El mecanismo contempla además una cláusula de escape que permite al Ejecutivo apartarse de las metas fiscales en situaciones excepcionales como desastres naturales, pandemias o crisis económicas. Sin embargo, cualquier decisión en ese sentido debe ser autorizada por el Consejo de Política Fiscal (Confis) y acompañada de un plan de retorno al cumplimiento de las metas fiscales en el mediano plazo.
Otro elemento que genera debate son las denominadas transacciones de única vez, ingresos o gastos que no tienen carácter recurrente, como la venta de activos públicos o los costos derivados de emergencias. Estas operaciones no se contabilizan como ingresos permanentes, pues pueden distorsionar el panorama fiscal.
En el transcurso de 2025, analistas y observadores han cuestionado el uso de estas transacciones para reportar cumplimiento de la regla fiscal, mientras el Ejecutivo estudia ahora la posibilidad de activar la cláusula de escape.
El seguimiento de esta normativa está a cargo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un organismo independiente que revisa las cuentas del Estado y emite alertas sobre riesgos e inconsistencias en la ejecución fiscal.
La eventual suspensión de la regla fiscal es analizada en medio de un ambiente económico incierto y bajo la observación de sectores políticos, gremiales y expertos que siguen de cerca las decisiones del Gobierno frente al manejo de las finanzas públicas.
Cabe recordar que el Gobierno anunció la suspensión de la regla fiscal por tres años, un mecanismo considerado clave para mantener el equilibrio en las finanzas públicas.
La noticia fue confirmada luego de que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) activara la «cláusula de escape», permitiendo legalmente que el país andino se aparte de las metas fiscales establecidas desde 2011, y renovadas en 2021.
