A tan solo dos meses de su entrada en funcionamiento, Puerto Antioquia, una de las obras de infraestructura más relevantes en la región de Urabá, Antioquia; enfrenta una creciente controversia social. Colectivos comunitarios, de negritudes y sectores políticos han expresado inconformidades que han comenzado a tensionar el proceso previo a su apertura, pese a que el proyecto cuenta con los permisos ambientales, legales y administrativos requeridos.
En los últimos días, se han registrado pronunciamientos de distintos grupos que, hasta ahora, no habían aparecido de manera activa durante los años de desarrollo de la obra. Estas organizaciones, en su mayoría identificadas como colectivos afrodescendientes, han elevado exigencias que van desde compensaciones territoriales hasta soluciones sociales relacionadas con agua potable, educación y salud. La situación ha escalado al punto de que los líderes comunitarios han manifestado públicamente, incluso en medios nacionales, su intención de ejercer presión durante las mesas de diálogo convocadas para concertar soluciones.
Presencia de figuras políticas intensifica el debate
El contexto se ha vuelto aún más complejo debido a la participación de figuras políticas nacionales. La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y algunos concejales de corriente progresista han acompañado a las comunidades en sus reclamos, lo que ha generado reacciones diversas entre los promotores del puerto. Desde ciertos sectores se advierte que estas acciones podrían tener un carácter político en vísperas de un proceso clave para el desarrollo logístico de la región.
Cabe recordar que la construcción de Puerto Antioquia ha superado no solo los desafíos técnicos y financieros, sino también múltiples filtros legales e institucionales. No obstante, la controversia se avivó luego de declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro, quien instó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a que haga cumplir la ley, insinuando que el proyecto podría haber afectado derechos colectivos.
Reclamos por territorio y demandas sociales
Entre las principales exigencias de los colectivos locales está el reconocimiento de derechos sobre tierras adyacentes al puerto. Sin embargo, la falta de títulos formales dificulta sustentar legalmente esas pretensiones. También se denuncia un impacto ambiental y social que, según los líderes comunitarios, ha alterado las condiciones de vida en la zona, mientras cuestionan la ausencia de inversión pública en infraestructura básica como escuelas y centros de salud. Aunque esas funciones competen a los gobiernos local, regional y nacional; se ha pedido que la empresa portuaria asuma parte de estas responsabilidades como medida compensatoria.
Una obra estratégica bajo presión
Puerto Antioquia está llamado a convertirse en un motor de desarrollo para Urabá, con la proyección de generar más de 5.000 empleos directos y cerca de 10.000 indirectos. Además, se prevé que la terminal marítima fortalezca la capacidad exportadora del país, consolidando una salida estratégica hacia el comercio internacional y un dinamizador de la economía local en los municipios de Urabá antioqueño y chocoano como zonas de su influencia.
Puerto Antioquia más allá del cumplimiento
Por su parte, la empresa Antioquia ha demostrado durante el tiempo de construcción de esta mega obra que ha puesto todo de su parte para mejorar las condiciones de vida de los locales. En primer lugar, la fuerza laboral en los procesos de construcción ha sido local, ha mejorado las vías de comunicación, impactando la zona y mejorando las condiciones de transporte carretera, hable en la zona, ha hecho obras de mitigación del impacto de mareas en las costas, generado desarrollos accesorios para agua, fauna y protección del hábitat.
Por eso es que algunas voces externas a la empresa se han sorprendido de los repentinos reclamos sociales de algunas comunidades aún cuando siempre ha existido un dialogo fluido. Esas voces locales y críticas AMLO que viene aconteciendo sospechan que estas comunidades b vienen siendo instrumentalizadas para boicotear los procesos que se han venido desarrollando por años y creen que es una especie de chantaje político orquestado por sectores afectos petrismo-activismo que intenta “pescar en río revuelto” para politizar la entrada en funcionamiento del puerto.
Esas mismas voces críticas no niegan que los reclamos de estas comunidades puedan tener, tal vez, alguna sana motivación y reivindicación posiblemente válida; pero señalan que están evadiendo las formas y no quieren hacer uso de los espacios que por años se han construido con la comunidad y los diferentes sectores sociales en la zona de influencia.
Este jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, se desarrollará una reunión clave entre representantes del puerto, autoridades y líderes comunitarios. El encuentro es considerado determinante para definir la viabilidad de un acuerdo que permita el inicio operativo de la terminal sin mayores sobresaltos.
