El Congreso de la República estudia un nuevo proyecto impulsado por el procurador general Gregorio Eljach que busca conmemorar los 200 años de la Procuraduría General de la Nación.
La iniciativa, identificada como el Proyecto de Ley 122 de 2025 en el Senado, contempla una serie de disposiciones conmemorativas que incluyen la creación de un museo institucional, monumentos, publicaciones, condecoraciones y la construcción de una nueva sede denominada “Casa del Bicentenario de la Procuraduría”.
El articulado establece que las celebraciones comenzarían una vez entre en vigencia la ley y se extenderían hasta 2030, año en el que la institución cumpliría los dos siglos de existencia. Las actividades académicas, culturales y sociales serían coordinadas por la Procuraduría con la participación de la Defensoría del Pueblo y las personerías, que actuarían como integrantes del Ministerio Público.
El proyecto también contempla la creación de la “Suprema Orden del Ministerio Público”, una distinción que sería otorgada por la Procuraduría a funcionarios públicos, personalidades académicas, investigadores y miembros de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, por su contribución a la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
De acuerdo con el texto aprobado en comisiones, se autoriza al Gobierno Nacional la creación del museo y la galería institucional de la Procuraduría, con sede principal en Bogotá y subsedes itinerantes en las regiones. Estos espacios tendrían carácter histórico y pedagógico, con el propósito de exhibir el patrimonio institucional y promover valores como la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción.
La propuesta dispone además la publicación de una edición impresa y digital conmemorativa titulada “Procuraduría General de la Nación: 200 años de historia, vigilancia y defensa del interés público”, así como la producción de un documental que recopile los principales hitos de la entidad.
Eljach ya había logrado la aprobación de otro proyecto que crea la “Universidad del Ministerio Público”, también cuestionado por su costo y viabilidad. En esta nueva iniciativa, el componente financiero vuelve a generar debate, pues el plan de conmemoración implica inversiones significativas para infraestructura, monumentos, actos institucionales y producción de materiales pedagógicos.
De aprobarse, el proyecto consolidaría un amplio programa conmemorativo que incluiría la adopción de una nueva identidad institucional, himno, bandera e insignias. Aunque la Procuraduría sostiene que estas actividades buscan fortalecer la memoria institucional y la defensa del interés público, el debate legislativo sobre la pertinencia y los costos de la iniciativa continúa pendiente en el Congreso.
