Una iniciativa de reforma política fue anunciada con el propósito de modificar las reglas de acceso a la Presidencia de la República para quienes hayan ocupado la Alcaldía Mayor de Bogotá.
La propuesta, denominada reforma Anti-Trampolín, busca impedir que el alcalde de la capital pueda inscribirse como candidato presidencial en el periodo inmediatamente posterior a la finalización de su mandato.
El anuncio fue hecho por el abogado y candidato a la Cámara por Bogotá, David Cote, quien señaló que la ciudad ha sido utilizada de manera recurrente como plataforma electoral para aspiraciones nacionales. De acuerdo con el proponente, esta dinámica termina afectando la gestión local, al subordinar decisiones administrativas y técnicas a cálculos políticos de alcance presidencial.
La iniciativa plantea una modificación al régimen de inhabilidades previsto en la Constitución Política, estableciendo un periodo de espera de al menos cuatro años para que un exalcalde de Bogotá pueda postularse a la Presidencia. El objetivo, según explicó Cote, es separar de forma clara el ejercicio del gobierno distrital de la competencia por el cargo más alto del Estado.
En la sustentación de la reforma, el impulsor del proyecto hizo referencia a episodios recientes de la administración de la ciudad que, en su criterio, evidencian cómo las aspiraciones presidenciales interfieren en la toma de decisiones. Uno de los casos citados es el proceso de licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, que fue declarado desierto, generando nuevos retrasos en una de las principales obras de infraestructura de la capital.
Cote atribuyó ese resultado a un manejo apresurado del proyecto, asociado a intereses políticos externos a la ciudad. En su argumento, señaló que la estructuración del proceso no habría alcanzado el nivel técnico requerido, lo que desincentivó la participación de oferentes y derivó en consecuencias financieras y operativas para Bogotá.
La propuesta también recoge observaciones de analistas y centros de pensamiento que han advertido sobre el uso de la Alcaldía como escenario de posicionamiento nacional. Según esos análisis, problemas estructurales de la ciudad como la seguridad, la movilidad, el ordenamiento urbano y la gestión de residuos tienden a quedar relegados frente a agendas políticas de mayor alcance.
Desde el equipo del candidato se indicó que la reforma no pretende limitar derechos políticos de manera general, sino introducir una regla específica para el cargo de Alcalde Mayor, dada la relevancia institucional, presupuestal y simbólica de Bogotá en el escenario nacional. La capital concentra una parte significativa del electorado y del gasto público, lo que, a juicio del proponente, refuerza su uso como vitrina electoral.
El debate sobre la relación entre la Alcaldía de Bogotá y la carrera presidencial ha tomado fuerza en los últimos años, tras la proyección nacional de varios exmandatarios distritales.
