La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que creó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPAs), en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. La entidad argumentó que esta disposición afecta directamente la autonomía territorial de los entes locales.
En su intervención ante el alto tribunal, la Procuraduría señaló que las delimitaciones de las APPAs no corresponden a determinantes generales de ordenamiento, sino a actuaciones concretas que fijan usos específicos del suelo. Esto, explicó, tiene un impacto directo sobre el desarrollo territorial, ya que condiciona la ejecución de proyectos al cumplimiento de dichos usos, limitando la capacidad de decisión de los municipios y departamentos.
“La norma acusada es inconstitucional, en primer lugar, porque las delimitaciones de las Áreas de Protección para la Producción Agropecuaria (APPA) no son determinantes generales, sino actuaciones concretas”, indicó la entidad. Añadió que esto implica una afectación directa sobre la planificación territorial, lo cual corresponde a una competencia de las autoridades locales.
Aunque la medida podría considerarse adecuada para cumplir con los fines establecidos en el artículo 64 de la Constitución referente al apoyo estatal a la producción agropecuaria, la Procuraduría advirtió que no es necesaria ni proporcional, ya que el Gobierno Nacional y el Congreso “podían elegir otros mecanismos menos gravosos para la autonomía de las entidades territoriales” que también permitieran cumplir esos objetivos.
