La Procuraduría General de la Nación, a través de una carta firmada por el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo, pidió formalmente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocar la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, Sandra Heredia, quien condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión.
El documento, en calidad de sustentación del recurso de apelación interpuesto, fue radicado dentro de los términos procesales previstos en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004. En él, el delegado del Ministerio Público expone los argumentos de disenso frente al fallo emitido por la juez Sandra Heredia, que declaró a Uribe responsable como determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo.
La condena incluía, además de la pena de prisión, una multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercer funciones y derechos públicos por un periodo de 100 meses y 20 días.
Según el procurador Cuadro Crespo, la sentencia de primera instancia presentó errores en la apreciación de la prueba, particularmente en lo relacionado con la figura de la determinación penal, la tipicidad de las conductas imputadas y la aplicación de principios rectores del proceso penal. En el escrito se advierte que el fallo “no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios analizados”, lo que habría llevado a conclusiones equivocadas sobre la responsabilidad del procesado.
El recurso sostiene que hubo una “incorrecta observación objetiva” de los elementos probatorios, lo que derivó en una indebida aplicación de los artículos 10, 30, 444A y 453 del Código Penal, así como en la omisión de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 906 de 2004. Para el Ministerio Público, la valoración correcta de las pruebas debió conducir a la absolución de Uribe.
La Procuraduría solicita al Tribunal Superior de Bogotá revocar la decisión condenatoria en los aspectos señalados y adoptar la determinación correspondiente conforme a los fundamentos expuestos.
La apelación será evaluada por la Sala Penal, que tendrá la última palabra sobre la validez del fallo emitido en primera instancia.
