El convenio interadministrativo firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, con el que el Gobierno busca implementar un nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia, será objeto de revisión por parte de la Procuraduría General de la Nación.
La decisión del ente de control se da tras el anuncio oficial del acuerdo, el cual entraría en vigencia a partir del 1 de abril de 2026 y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2034.
La intervención de la Procuraduría se produce en medio de cuestionamientos sobre los términos del convenio, el uso de recursos públicos y los plazos de ejecución. Según confirmaron fuentes de ente de control a El Tiempo, la revisión se concentrará en los posibles riesgos financieros y contractuales del nuevo esquema, que ha sido comparado por algunos sectores con el modelo utilizado para las cédulas de extranjería, objeto de una investigación disciplinaria en curso.
En este contexto, algunos miembros de la junta directiva de la Imprenta Nacional han expresado reservas respecto a una serie de documentos relacionados con el proceso de producción de pasaportes que llegaron recientemente a la entidad. Las objeciones han sido interpretadas por sectores del Ejecutivo como una señal de alerta, debido a que el convenio replica aspectos de un modelo contractual que ya es objeto de escrutinio por parte de la Procuraduría.
Entre los temas que se encuentran bajo observación está la disponibilidad presupuestal para cubrir el costo del nuevo modelo, dado que su ejecución requerirá financiamiento de al menos tres gobiernos diferentes entre 2026 y 2034. Fuentes cercanas al proceso señalaron que la continuidad de la política pública dependerá de la voluntad de futuras administraciones, lo cual introduce un grado de incertidumbre que no ha sido resuelto.
El ente de control también analiza la viabilidad de los tiempos establecidos, ya que el calendario contempla que el sistema esté listo para abril del próximo año. No obstante, fuentes conocedoras del proceso indicaron que, incluso si se optara por contratación directa, los plazos serían insuficientes para que una nueva empresa asuma la operación. En ese escenario, la empresa Thomas Greg & Sons —actual proveedora del servicio— podría recibir nuevamente la responsabilidad por cuarta vez consecutiva.
Adicionalmente, el Ministerio Público evalúa si el manejo de este asunto por parte de altos funcionarios ha sido acorde con los principios de transparencia y planeación. Las investigaciones disciplinarias se dirigen contra Alfredo Saade, jefe del Despacho de la Presidencia; el actual canciller Luis Gilberto Murillo; y la excanciller Laura Sarabia. El foco está en su gestión de la eventual contingencia por desabastecimiento de pasaportes y en su participación en las decisiones que llevaron al actual convenio.
Otra de las preocupaciones se relaciona con el papel de Portugal en el proceso. Fuentes del Gobierno indicaron que una eventual delegación oficial viajaría a Lisboa para formalizar un acuerdo internacional, pero el gobierno portugués habría puesto como condición la presentación de un certificado presupuestal, trámite que, según afirmaron, no estaría resuelto antes de diciembre.
Mientras avanza la revisión, la Procuraduría prepara decisiones sobre los procesos disciplinarios ya abiertos, al tiempo que se mantiene el seguimiento a las condiciones del convenio que ahora deberá ser analizado en detalle por el órgano de control.
