La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado un concepto en el que solicita no acceder a la medida cautelar que pretendía suspender los efectos de la votación realizada en el Senado el pasado 14 de mayo, mediante la cual se negó el concepto favorable para convocar a una consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro.
La solicitud de suspensión fue presentada por un ciudadano, pero el Ministerio Público argumentó que no se advierten elementos que permitan concluir que la expedición del acta correspondiente incurrió en alguna vulneración al orden jurídico. Según la Procuraduría, no existe justificación suficiente para suspender los efectos del acto demandado.
“El análisis de los elementos de juicio presentados no permite concluir que hubo una irregularidad jurídica. Lo que se observa son interpretaciones particulares que no tienen la contundencia necesaria para desvirtuar la legalidad del acto demandado”, indica el documento remitido por la Procuraduría al alto tribunal.
El pronunciamiento se produce en medio de la controversia generada por la insistencia del jefe de Estado en convocar la consulta popular a través de un decreto presidencial. Petro ha sostenido que el Congreso no resolvió formalmente la solicitud presentada por el Ejecutivo, razón por la cual considera procedente continuar el trámite mediante una vía administrativa.
Sin embargo, diversos sectores políticos han señalado que el Senado sí realizó la votación respectiva y que el resultado fue el hundimiento de la iniciativa. La sesión plenaria fue certificada oficialmente y los resultados quedaron consignados en el acta que ahora es objeto de la demanda ante el Consejo de Estado.
La postura expresada por la Procuraduría se presenta en un contexto de creciente debate jurídico e institucional sobre la validez del procedimiento legislativo y sobre las facultades del Ejecutivo para insistir en la consulta popular tras la decisión del Congreso.
Con este concepto, el órgano de control respalda la legalidad del trámite realizado en la plenaria del Senado y la validez del acta que dejó constancia del resultado desfavorable para la iniciativa del Ejecutivo. El Consejo de Estado deberá decidir en los próximos días si admite o no la medida cautelar solicitada en contra del acto legislativo.
