La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción de ocho años de inhabilidad para ejercer cargos públicos contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. La decisión se toma tras comprobar que Prieto incurrió en faltas gravísimas relacionadas con la entrada de recursos no declarados provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían sido usados en la financiación de dicha campaña.
Este fallo reafirma una decisión previa del Ministerio Público y se produce tras denuncias presentadas en su momento por los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. Ambos exmandatarios habían advertido sobre la supuesta financiación irregular y solicitaron una investigación a fondo. Con esta ratificación, se establece de manera oficial que la campaña que llevó a Santos a la reelección recibió aportes económicos ilegales.
Una campaña salpicada por corrupción internacional
Durante las investigaciones, se determinó que Odebrecht habría financiado parcialmente la impresión de material publicitario para la campaña de Santos, una irregularidad que Prieto negó inicialmente pero que luego reconoció en parte. El caso forma parte de un entramado de corrupción internacional en el que la multinacional brasileña, a cambio de contratos estatales, entregaba sobornos o financiación política en varios países de América Latina.
En Colombia, Odebrecht fue adjudicataria de importantes obras de infraestructura como la Ruta del Sol II, en cuyo marco se desataron múltiples investigaciones judiciales y disciplinarias por corrupción.
Comparaciones y cuestionamientos políticos
El fallo contra Prieto ha reavivado el debate político sobre la equidad en las decisiones judiciales. Sectores críticos señalan la diferencia en el trato dado a otros actores políticos involucrados en casos similares, como el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, recientemente condenado por recibir aportes de Odebrecht para su campaña en 2014.
Voces opositoras cuestionan por qué, pese a las pruebas sobre la financiación irregular, el expresidente Santos no ha sido objeto de medidas similares. Hasta ahora, el exmandatario ha negado conocer los aportes ilegales y no ha sido vinculado formalmente a procesos penales por este caso.
La sanción contra Prieto constituye uno de los fallos más relevantes dentro del capítulo colombiano del escándalo Odebrecht, cuya onda expansiva aún sacude el panorama político del país
