La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado no decretar la pérdida de investidura del representante David Racero, al considerar que no se comprobó de forma inequívoca que se hubiera incurrido en tráfico de influencias en presuntos nombramientos irregulares en el Sena.
Durante la audiencia pública celebrada el 8 de octubre, la procuradora séptima delegada, Idairys Yolima Carrillo, presentó el concepto del ente de control dentro del proceso que busca la denominada “muerte política” del congresista del Pacto Histórico.
En sus declaraciones, la funcionaria argumentó que los elementos probatorios aportados por el demandante no permitían acreditar que el representante a la Cámara hubiera influido sobre el director del Sena, Jorge Londoño, para obtener cargos o beneficios personales o para terceros.
Cabe recordar que el escándalo por presunto tráfico de influencias surgió luego de conocerse unos chats en la red social WhatsApp, donde Racero habría solicitado cargos en la seccional del Sena del Cesar para su tío, José Luis Mayorca, y otras personas.
Carrillo precisó que al no demostrarse el elemento objetivo de la conducta, resultaba “infructuoso examinar el elemento subjetivo, razón por la cual no se configura la causal invocada y, en consecuencia, no procede decretar la pérdida de investidura solicitada contra el representante a la Cámara Racero”.
Por otra parte, la procuradora Carrillo manifestó que tampoco se logró comprobar que Racero hubiera utilizado su influencia como congresista ante el director del Servicio Nacional de Aprendizaje para obtener dichos nombramientos.
En ese sentido, explicó que no podía establecerse que los diálogos sostenidos por el congresista Racero se hubieran realizado con el servidor público encargado de la contratación o de la aprobación del negocio jurídico.
Vale la pena mencionar que la demanda contra David Racero fue interpuesta por Samuel Ortiz, estudiante de derecho, basándose en los chats que se conocieron previamente y que sirvieron de fundamento a la denuncia.
Por su parte, el congresista compareció a la audiencia y reiteró su inocencia, asegurando que no había cometido ningún acto ilegal, “ni irregular, ni mucho menos alguna falta que pueda vincularme con el delito de tráfico de influencias debidamente comprobado”, expresó Racero.
Posteriormente, lanzó una fuerte crítica señalando que politizar el sistema de justicia, como “algunos han pretendido, no le hace bien ni a quienes están detrás de estos escenarios y, por supuesto, ningún mecanismo de presión que pueda generarse sobre los honorables magistrados”, puntualizando su confianza en la transparencia del proceso.
